La escena lo dice todo. El jueves pasado, desde Truth Social, el presidente Donald Trump lanzó una advertencia que mezcló cifras, orgullo nacional y amenaza penal en un solo párrafo: «Los 'filtradores' de estas declaraciones traidoras están siendo cazados. ¡Se buscarán largas condenas de prisión!»
El detonante fue una cadena de reportes de múltiples medios que señalan que el arsenal militar estadounidense ha sufrido un vaciamiento sustancial de municiones clave desde que comenzó la guerra contra Irán el 28 de febrero pasado. Trump rechazó esa narrativa. «Estados Unidos tiene cantidades masivas de 'municiones', especialmente de ciertos tipos», escribió. «Además, grandes cantidades están siendo fabricadas y enviadas a EE.UU. según se necesite. Las empresas de defensa están construyendo el mayor número de plantas y fábricas en la historia de nuestro país.»
La Casa Blanca y el Pentágono también negaron otro episodio que reportó el Washington Post: que Trump habría confrontado al secretario de Defensa Pete Hegseth en los márgenes de una reunión de Gabinete en Camp David la semana pasada, presuntamente porque el déficit de armas clave habría contribuido a cancelar grandes ataques contra Irán. Trump dijo públicamente que canceló el ataque a petición de Irán y de países del Golfo; Irán negó haberlo solicitado e incluso negó que las conversaciones estuvieran en marcha.
Los números que no desaparecen
Los detalles cuentan la historia. Según un análisis del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), el inventario estadounidense de misiles Patriot cayó aproximadamente dos tercios, de 2.330 antes de la guerra a entre 759 y 827 unidades al cierre de julio. Los interceptores THAAD habrían disminuido casi a la mitad, de alrededor de 452 a entre 234 y 278 unidades en el mismo período. El CSIS advirtió en abril que, aunque EE.UU. conserva suficientes misiles para continuar la guerra bajo la mayoría de los escenarios, el peligro mayor reside en la reducción de la preparación para un conflicto futuro y separado.
El costo fiscal ya es difícil de ignorar. La guerra ha costado a los contribuyentes alrededor de 29.000 millones de dólares hasta mayo —en municiones gastadas, reparaciones de equipo y otras operaciones—, aunque estimaciones externas ubican el costo total más cerca de 50.000 millones. El mes pasado, la administración Trump solicitó al Senado 87.000 millones de dólares en fondos de emergencia, de los cuales 67.000 millones corresponden al Pentágono. El propio Hegseth declaró ante los senadores que los fondos eran necesarios para «reponer rápidamente equipo y municiones», e incluyó 18.000 millones de dólares para reemplazar interceptores Patriot avanzados, Tomahawks navales y misiles THAAD del Ejército.
El senador Mark Kelly (D, Arizona) agregó otro capítulo a la disputa cuando compartió públicamente en mayo que podría tomar «años» reponer los inventarios de Tomahawks, Patriots y otras municiones utilizadas en la guerra. Kelly citó un informe del Departamento de Defensa y el testimonio público del propio Hegseth. Este último acusó a Kelly de revelar información clasificada; Kelly lo negó. El Pentágono ordenó una revisión legal de sus declaraciones.
El ministro de Defensa iraní, Majid Ibn-e-Reza, no desaprovechó el momento. «Cada día, los signos de las capacidades menguantes del enemigo se vuelven cada vez más evidentes», publicó en X. «Pero nuestras Fuerzas Armadas —respaldadas por la industria de defensa de la nación— están completamente equipadas para responder a cualquier amenaza.»
La trastienda diplomática
El contexto importa. Las filtraciones sobre el arsenal llegan en un momento en que Irán ha mostrado reluctancia para reincorporarse a un acuerdo de alto al fuego en los términos de Washington. Si los reportes de un inventario mermado son creídos por Teherán, debilitan la posición negociadora estadounidense. Y si el conflicto se prolonga, podría agravar el suministro de armas y profundizar el dolor económico global derivado de las interrupciones en el Estrecho de Ormuz.
Para entender el presente hay que volver a esa semana de Camp David. Ya en marzo, funcionarios y legisladores habían advertido que el despliegue masivo de misiles estadounidenses podría restringir el apoyo a Ucrania en su guerra con Rusia. Algunos también alertaron que una escasez de municiones debilitaría la imagen del país frente a rivales como Rusia y China. La información sobre el inventario de armas es en gran parte clasificada, y el acceso de la prensa al Pentágono se ha vuelto más restrictivo desde que Hegseth impuso limitaciones el año pasado.
La lectura de Hemisferio
El debate sobre las filtraciones revela una tensión de fondo que ningún tuit puede resolver: los contribuyentes estadounidenses llevan comprometidos decenas de miles de millones de dólares en una guerra cuyo inventario de municiones es, por diseño institucional, opaco al escrutinio público. La amenaza de cárcel a filtradores puede ser políticamente comprensible cuando la información sensible llega a manos del adversario; pero cuando esa misma información ya circula en informes de un think tank como CSIS y en el testimonio público del propio secretario de Defensa, la línea entre secreto legítimo y opacidad conveniente se vuelve difusa.
Lo que está en juego no es solo el arsenal. Es la capacidad de EE.UU. de mantener simultáneamente una postura creíble frente a Irán, sostener a Ucrania y disuadir a China y Rusia. Esa ecuación tiene un precio que los mercados, los aliados y los adversarios ya están calculando.
