La escena lo dice todo. El 17 de julio, en una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa), el presidente encargado del organismo, Luis Herrera, y la secretaria ejecutiva, María del Carmen Terrientes de Benavides, protagonizaron un intercambio que trascendió las paredes de la sala.
El pleno analizaba una presunta irregularidad en el trámite del permiso de funcionamiento de una universidad. El nombre de la institución no fue revelado. Tampoco la naturaleza exacta de la falla. Lo que sí quedó registrado fue la reacción institucional: una carta de la ministra de Educación, Lucy Molinar, dirigida a Terrientes de Benavides, en la que señalaba que la situación habría tenido origen en actuaciones de la Secretaría Ejecutiva y que el pleno adoptó medidas correctivas para garantizar el debido proceso.
La carta no identificó la universidad involucrada ni detalló la irregularidad detectada. Esa opacidad, en sí misma, alimentó las preguntas.
Un organismo con poder real
El Coneaupa no es una entidad decorativa. Creado mediante la Ley 52 del 26 de junio de 2015, es el organismo adscrito al Ministerio de Educación responsable de evaluar y acreditar la calidad de las universidades en Panamá. Sus decisiones determinan qué instituciones pueden operar, qué carreras se reconocen y qué programas cumplen los estándares nacionales.
Entre sus atribuciones, establecidas en el artículo 23 de esa ley, figuran desarrollar las políticas del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación, aprobar reglamentos, coordinar evaluaciones externas mediante pares académicos independientes y emitir públicamente las certificaciones de acreditación. También prepara informes técnicos sobre la viabilidad de proyectos institucionales relacionados con la autorización o cancelación de universidades.
Es, en pocas palabras, el portero del sistema universitario panameño.
Once miembros, cero remuneración
El artículo 21 de la Ley 52 establece que el Coneaupa está integrado por 11 miembros ad honórem, es decir, sin remuneración. La composición busca representar al Estado, la academia y el sector productivo.
La presidencia corresponde al ministro de Educación o su representante, con derecho a voz y voto únicamente en caso de empate. Forman parte del consejo el ministro de Economía y Finanzas o su representante, el secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) o su representante, y el presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional o su representante.
El sector universitario tiene cuatro representantes: dos de universidades oficiales y dos de universidades particulares. Se suman un representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), un miembro de las organizaciones de profesionales de Panamá y un representante del Consejo Nacional de Educación. El secretario ejecutivo integra el consejo con derecho a voz, sin voto.
La arquitectura institucional fue diseñada para combinar la visión del aparato estatal con la de la academia y el sector privado. En teoría, un balance. En la práctica, la controversia del 17 de julio reveló que las tensiones internas pueden surgir precisamente en la articulación entre esas piezas.
Los detalles cuentan la historia.
Una secretaria ejecutiva cuyas actuaciones son señaladas por la ministra de Educación. Un pleno que adopta medidas correctivas. Una universidad cuyo nombre no se menciona. El episodio condensa un problema clásico de los organismos reguladores: cuando la transparencia falla, la legitimidad del proceso entero queda en entredicho, independientemente de si la decisión final fue correcta.
Para Hemisferio, el asunto va más allá de una disputa interna. El Coneaupa administra un bien escaso y valioso: la autorización para operar como universidad en Panamá. Cada permiso que otorga o niega tiene consecuencias económicas directas para las instituciones involucradas y para los miles de estudiantes que dependen de ellas. Cuando el trámite de esos permisos genera controversias que la propia ministra debe resolver por carta, y cuando esa carta no identifica a la universidad ni precisa la irregularidad, la pregunta legítima es una sola: ¿quién vigila al árbitro? El gobierno de Mulino, que ha apostado por la estabilidad jurídica como señal al inversor, tiene en este episodio un recordatorio de que esa estabilidad empieza por la transparencia de sus propios organismos reguladores.
