La escena lo dice todo.
Minuto 86. Huachipato recibe a Cobresal en Talcahuano y busca el empate con la tensión al máximo. Kevin Altez se acerca al árbitro Héctor Jona a reclamarle. El juez, en lugar de mantener la distancia que exige el reglamento y el sentido común, se pone cara a cara con el jugador uruguayo. El intercambio de palabras escala. Altez, desbordado, le lanza un cabezazo. Termina expulsado y arriesga una dura sanción.
Pero la historia no empieza en ese minuto 86. Para entender el presente hay que volver a abril de 2022.
Ese mes, Javier Castrilli —entonces presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP— tomó una decisión que sacudió al arbitraje chileno: desafectó a once jueces de una sola vez. Héctor Jona era uno de ellos. Los otros diez fueron Julio Bascuñán, Piero Maza, Nicolás Gamboa, Cristian Garay, Alejandro Molina, Claudio Urrutia, Felipe Jara, Franco Arrué, Felipe Jerez y Constanza Salinas.
Castrilli no necesitó que nadie le contara lo ocurrido en Talcahuano. Cuando El Deportivo lo buscó, la respuesta fue inmediata y sin matices. «No hace más que demostrar esa actitud patoteril que nos llevó a concluir que no podía seguir dirigiendo. No tiene las condiciones. Eso no lo puede hacer un árbitro», disparó el exjuez argentino.
Los detalles cuentan la historia. Para Castrilli, el problema no es solo de temperamento individual sino de una falla estructural en la formación del cuerpo arbitral. «Un árbitro no puede dárselas de guapo, ni hacer abuso del poder. Los jugadores están en una situación desproporcionada respecto del árbitro. Es un abuso de poder por todos lados imposible de aceptar», argumentó. Y fue más lejos: «El jugador de fútbol es un trabajador que merece ser respetado y hay que hacerlo. La autoridad se construye con respeto».
El diagnóstico que ofrece el transandino apunta a la raíz. «La formación de los árbitros tiene que ser en valores. Formar un árbitro no es que se estudie las 17 reglas y las directrices de la FIFA y salga a dirigir. Cuando un árbitro carece de valores pasan estas cosas», sostuvo.
Sin nombrar directamente a Roberto Tobar, quien conduce actualmente el referato nacional, Castrilli dejó caer una crítica sobre quienes toman las decisiones de designación. «Es un problema de formación y de elección de quienes tienen que designar a los que dirigen los partidos. Ese muchacho, Jona, hace rato que no tiene que hacerlo. Es uno de los que limpiamos», insistió.
La frase más dura llegó casi al final: «Es una actitud repudiable. No hay relación de poder. Que lo vaya a hacer en un potrero, en el medio del campo, si quiere».
El lamento de Castrilli tiene un destinatario colectivo. «Lamentablemente lo tienen que seguir sufriendo los equipos, el público, los dirigentes y todo el medio», dijo, en referencia a la decisión de mantener en actividad a árbitros que, según su criterio, ya habían sido evaluados y descartados.
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El incidente de Talcahuano pone sobre la mesa una pregunta que el fútbol chileno debería responder con urgencia: ¿quién rinde cuentas cuando el sistema de control falla?
Castrilli tomó una decisión institucional en 2022, documentó sus razones y actuó. Lo que ocurrió después —la reincorporación de Jona al arbitraje activo— es responsabilidad de quienes administran el referato hoy. El resultado está a la vista: un jugador expulsado por reaccionar ante una provocación que el propio árbitro contribuyó a escalar, y un partido que terminó manchado no por la falta del futbolista sino por la ausencia de autoridad real en quien portaba el silbato. La autoridad no se impone con intimidación; se gana con criterio, distancia y temple. Cuando un árbitro olvida eso, no solo pierde el control del partido: le hace un daño concreto al trabajador que tiene enfrente y a la institución que representa.
