La escena lo dice todo. En Baborigame, municipio de Guadalupe y Calvo, en la sierra de Chihuahua, un grupo de productores indígenas ódami se reúne semanalmente en un espacio habilitado por la Comunidad de Aprendizaje Campesino Grupo Ódami. Aprenden a leer y a escribir. Los acompaña personal del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y técnicos sociales del programa Sembrando Vida. El salón de clases y el padrón de beneficiarios comparten la misma dirección.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que, en coordinación con Sembrando Vida —programa de la Secretaría del Bienestar— y el INEA, más de 2,500 personas participan en acciones de alfabetización y certificación educativa en comunidades rurales de Chihuahua. De ese total, más de 1,500 son sembradoras y sembradores inscritos en el programa, y cerca de mil son habitantes de distintas localidades.
El marco formal es el convenio «Sembrando Conocimiento, Cosechando Educación», suscrito entre el Bienestar y el INEA. Su objetivo declarado es facilitar el acceso a la educación para personas jóvenes y adultas que no concluyeron sus estudios o que no saben leer ni escribir, con la finalidad de reducir el rezago educativo en zonas rurales. El convenio contempla la instalación de círculos de estudio y puntos de aprendizaje dentro de las propias comunidades.
La dependencia presentó el caso de Cirila, productora indígena ódami que forma parte del programa desde hace seis años. Según la información oficial, tras concluir su educación básica actualmente cursa el nivel medio superior y aplica los conocimientos adquiridos para llevar registros vinculados con su actividad agrícola. Es el testimonio que el gobierno eligió para ilustrar la iniciativa.
Las cifras del padrón dan la dimensión del andamiaje. Sembrando Vida cuenta con cerca de 21,000 participantes en Chihuahua, de los cuales más de 7,000 son mujeres. Alrededor del 40% forma parte de comités y comisiones comunitarias vinculadas con la organización de las actividades del programa. Las llamadas Comunidades de Aprendizaje Campesino no solo sirven como espacios educativos: también funcionan para el intercambio de conocimientos técnicos, la operación de viveros comunitarios y biofábricas, y el desarrollo y comercialización de proyectos productivos.
A escala nacional, el convenio prevé beneficiar a más de 28,000 sembradoras y sembradores en 24 entidades donde opera Sembrando Vida. La estrategia contempla ampliar el acceso a servicios educativos mediante la instalación de nuevos círculos de estudio y puntos de encuentro en distintas regiones del país.
Los detalles cuentan la historia. La educación de adultos es una necesidad real y documentada en las zonas rurales de México, y nadie discute que aprender a leer transforma vidas. El problema no es el aula; es la arquitectura institucional que la rodea. Cuando el acceso a la educación básica —un derecho constitucional— se canaliza a través del padrón de un programa de transferencias, la línea entre servicio público y fidelización política se vuelve difusa. El beneficiario aprende a leer dentro del mismo ecosistema que le entrega el subsidio, lo capacita, le organiza el vivero y le administra el comité comunitario. El aparato estatal no presta un servicio; construye una dependencia.
Para Hemisferio, la pregunta relevante no es si la alfabetización es buena —lo es— sino por qué el INEA, una institución con décadas de trayectoria y presupuesto propio, necesita operar bajo el paraguas de Sembrando Vida para llegar a Baborigame. La respuesta incómoda es que la fusión conviene más al programa político que al campesino. Mientras la libre empresa y la propiedad privada ofrecen al productor rural una salida por el mercado, el modelo que aquí se describe le ofrece una salida por la burocracia. El costo lo pagan los contribuyentes; el rédito lo cosecha el oficialismo.
