La escena lo dice todo. Un sábado por la mañana, ante las cámaras del canal estatal VTV, Delcy Rodríguez convocó a la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira, y al superintendente del Seniat, Román Maniglia, para anunciar lo que describió como un giro en la relación entre el aparato tributario venezolano y los comerciantes del país.
El anuncio más inmediato fue la eliminación de la llamada «cartelera», el conjunto de documentos físicos que los comerciantes debían exhibir en sus establecimientos para cumplir con exigencias de distintos organismos del Ejecutivo. «Los comerciantes saben de lo que hablamos. Se acabó la historia de la cartelera», dijo Rodríguez, quien extendió la orden a todos los organismos del Ejecutivo Nacional, Regional y Municipal.
La segunda medida apunta al Registro de Información Fiscal. Rodríguez reiteró que el RIF ya no tendrá fecha de vencimiento y permanecerá vigente mientras no se produzcan cambios en la dirección fiscal del contribuyente. «No hace falta perturbar a los ciudadanos con una preocupación más», sostuvo.
El tercer anuncio es el de mayor alcance técnico: la interconexión entre el Seniat —la autoridad tributaria— y el Saren, el servicio de registros y notarías. Según explicó Rodríguez, la medida permitirá que la información suministrada durante un trámite ante el Saren sea incorporada directamente al sistema del Seniat. «Cuando se haga un trámite en el SAREN, inmediatamente se incorpora a SENIAT», precisó. La interconexión, dijo, comenzará en los próximos días.
El paquete se enmarca, según la propia Rodríguez, en un proceso orientado a reducir la burocracia y avanzar hacia la digitalización de los trámites administrativos.
Los detalles cuentan la historia. Para cualquier empresario o comerciante venezolano, la «cartelera» era una carga cotidiana: documentos impresos, actualizados y exhibidos bajo amenaza de multa o cierre. Su eliminación, si se aplica de manera uniforme en los tres niveles de gobierno, representa un alivio real para quienes operan en la economía formal. Lo mismo vale para el RIF permanente: renovar el registro fiscal periódicamente consumía tiempo y recursos que las pequeñas empresas difícilmente pueden desperdiciar.
La interconexión Seniat-Saren, por su parte, ataca un problema estructural del Estado venezolano: la fragmentación de bases de datos que obliga al ciudadano a presentar la misma información ante distintas ventanillas. Si la integración funciona, reduciría fricciones en trámites de registro de empresas, transferencias de propiedad y otros actos que hoy requieren gestiones paralelas ante ambos organismos.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Venezuela lleva años en una paradoja: un Estado hipertrofiado en controles y exigencias formales convive con una economía que sobrevive, en buena medida, en la informalidad precisamente para eludir ese mismo aparato. Cada capa de burocracia que se elimina es, en teoría, un incentivo para que más actividad económica emerja a la superficie y tribute.
Hemisferio lee estos anuncios con dos lentes simultáneos. El primero es pragmático: cualquier reducción genuina de cargas administrativas sobre la libre empresa merece reconocimiento, venga de donde venga. Si la cartelera desaparece, si el RIF no vence y si dos sistemas estatales dejan de duplicar trabajo al ciudadano, el comerciante venezolano sale ganando en el margen. El segundo lente es estructural: la simplificación burocrática anunciada desde el mismo aparato que durante años impuso esas cargas no sustituye las condiciones de fondo que hacen posible la inversión y el crecimiento —seguridad jurídica, propiedad privada garantizada, separación de poderes, acceso a divisas sin arbitrariedad—. Un trámite más rápido dentro de un Estado que no rinde cuentas sigue siendo un trámite dentro de un Estado que no rinde cuentas. La trastienda de estos anuncios es la misma de siempre: el régimen decide qué regla aplica, cuándo y a quién. Eso no es desregulación; es discrecionalidad con mejor presentación.
