La escena lo dice todo. Cada vez que el sistema público de salud chileno aparece en los titulares, la conversación termina en el mismo lugar: hace falta más presupuesto. Es una respuesta cómoda, políticamente rentable y, según un nuevo informe del Instituto de Salud Pública UNAB, profundamente incompleta.
El documento, editado por Manuel Inostroza y Benjamín Ahumada con cifras cerradas a 2025, no discute si los recursos son suficientes. Pregunta algo más incómodo: qué se hace con los que ya existen.
El asegurador que crece sin rendir cuentas
FONASA cubre hoy a nueve de cada diez chilenos. Entre 2019 y 2025 su cartera creció 15,4%, mientras la de las Isapres se contrajo 26,6%. Ese trasvase masivo de afiliados presiona una red que arrastra problemas estructurales desde hace años.
El financiamiento del sistema es cada vez más dependiente del erario. El aporte fiscal pasó de representar 58,1% de los ingresos de FONASA en 2011 a 74,6% en 2025. Al mismo tiempo, los ingresos reales del seguro crecen desde 2021 por debajo de su trayectoria histórica, acumulando una diferencia cercana a 5,7 billones de pesos. La consecuencia más visible la pagan los hogares: el gasto de bolsillo subió de 32,6% en 2021 a 39,1% en 2024.
El dato que nadie quiere discutir
El hallazgo más revelador del informe no es financiero. Es operacional.
Entre 2013 y 2025, la dotación de personal en la atención institucional de FONASA prácticamente se duplicó: creció 95,5%. Las horas semanales trabajadas aumentaron en magnitud similar. Sin embargo, la productividad por funcionario —medida sin considerar exámenes de diagnóstico— cayó 40,75% en el mismo período. Más personal, más horas, menos resolución.
La brecha con el sector privado es elocuente. Las Isapres producen casi cinco veces más prestaciones por beneficiario que FONASA. No es un matiz estadístico; es una diferencia de escala que define la experiencia cotidiana de millones de pacientes.
El costo de la ineficiencia
Esa brecha tiene precio. Comparando los valores de la red privada en las licitaciones GRD de FONASA con los costos estimados en hospitales públicos, la diferencia oscila entre 15% y 33% a favor de la red privada durante el período 2020-2025. El ahorro teórico de cerrar esa brecha habría bordeado entre 637 mil millones y 1,16 billones de pesos anuales.
El informe es explícito: no se trata de un argumento para privatizar, sino de un estándar objetivo para medir la gestión hospitalaria. La dispersión de costos entre hospitales públicos ha aumentado: algunos establecimientos se acercan al precio de referencia privado; otros se alejan de forma significativa. Esa heterogeneidad interna es, por sí sola, una señal de que el problema no es solo de recursos sino de gestión.
A este cuadro se suma el gasto en licencias médicas, que creció 50,3% en términos reales entre 2019 y 2025. Cada peso que se pierde en ese rubro no llega a pabellones ni a listas de espera, que ya suman más de 600 mil casos adicionales a diciembre de 2025.
Mientras tanto, la Modalidad Libre Elección de FONASA creció 33,3%. Si se suman las compras que el propio seguro realiza a privados por campañas de invierno, diálisis y licitaciones de listas de espera, sus beneficiarios ya representan más de la mitad de la actividad asistencial privada del país, superando por primera vez a los afiliados de Isapres. El sistema público financia la actividad privada mientras sus propios hospitales pierden productividad. Los detalles cuentan la historia.
Lo que propone el informe
El documento plantea un set de indicadores de desempeño inspirado en el modelo catalán de la Central de Resultados, que combina mediciones de efectividad, adecuación, eficiencia y experiencia de usuario para hospitales y centros de atención primaria. La idea es simple: sin medición sistemática y pública, el debate seguirá girando en torno a la cifra del recorte o del incremento, sin que nadie responda cuánto se está usando bien.
La lectura de Hemisferio
El problema de fondo no es técnico; es político. Un aparato estatal que duplica su dotación de personal sin exigir resultados equivalentes no tiene un problema de presupuesto: tiene un problema de incentivos. Mientras el financiamiento del contribuyente fluya sin metas exigibles, la conversación sobre «cuánta plata falta» seguirá siendo la coartada perfecta para no hablar de productividad, gestión ni rendición de cuentas.
Chile tiene ante sí una oportunidad concreta: adoptar métricas públicas de desempeño hospitalario que permitan comparar, presionar y mejorar. Hacerlo no requiere más dinero de los contribuyentes. Requiere voluntad de medir. Que esa voluntad escasee más que los recursos es, quizás, el diagnóstico más honesto del informe.
