La cifra lo detiene a uno en seco: más de 19,000 millones de pesos dominicanos —unos 325,621 dólares según la conversión consignada en la causa— presuntamente extraídos del sistema público de riesgos de salud entre 2020 y 2025. Ese es el número que el Ministerio Público de República Dominicana lleva al tribunal cuando pide, esta semana, cuatro meses adicionales para formalizar la acusación contra Santiago Hazim y otros nueve imputados.
La solicitud fue presentada el martes ante la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero. La firmaron el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, y la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Mirna Ortiz. El expediente pasa ahora al juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien deberá notificar a las defensas y a los representantes del Estado dominicano antes de fijar la audiencia que decidirá sobre la prórroga.
Los detalles cuentan la historia. Junto a Hazim figuran como imputados Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ada Ledesma. Los cinco primeros permanecen en prisión preventiva en la cárcel de Las Parras; Ledesma cumple arresto domiciliario. También están imputados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, los tres bajo arresto domiciliario. Según la causa, estos últimos admitieron ante el tribunal haber pagado sobornos a Hazim y a otros funcionarios de Senasa —la Seguridad Nacional de Salud—, una colaboración que les permitió obtener una medida menos restrictiva que la prisión.
La acusación describe una estructura que habría operado durante cinco años y que, según la fiscalía, afectó de forma directa el sistema público de riesgos de salud. Los delitos atribuidos incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, cobro de sobornos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos. La estimación del daño, además, ya fue revisada al alza: la cifra inicial situaba el perjuicio en más de 15,000 millones de pesos; la acusación actual eleva ese número a más de 19,000 millones.
Mientras la fiscalía prepara los papeles para la prórroga, el caso se mueve en otro frente. Según informó Listín Diario, cinco de los diez imputados iniciaron acercamientos con el Ministerio Público para negociar un acuerdo penal abreviado y admitir culpabilidad. Una fuente vinculada a la investigación, citada por ese medio, atribuyó esas gestiones a la «solidez de las pruebas» reunidas. Las conversaciones avanzan en paralelo a lo que la fiscalía identifica internamente como «Senasa 2.0»: una nueva etapa de la pesquisa que, según la misma fuente, todavía abarca a otras personas físicas y jurídicas no imputadas hasta ahora.
El Ministerio Público fue explícito: la causa permanece abierta. Eso significa que los arrestos actuales no son el punto final, sino un capítulo en curso. La revisión obligatoria de la medida de coerción quedó fijada para el 30 de julio, fecha en que el juez Peguero conocerá la situación de quienes siguen en Las Parras y que puede incidir en su condición procesal.
La escena lo dice todo. Un sistema de salud pública —financiado con los aportes obligatorios de trabajadores y empleadores dominicanos— habría sido vaciado durante cinco años a través de una red que, según la acusación, combinó funcionarios, empresas y documentos falsificados. El dinero que debía pagar medicamentos, consultas y procedimientos médicos para los más vulnerables habría terminado en otro destino. Cuando el aparato estatal se convierte en botín, quien paga la factura no es una abstracción: son los contribuyentes y los afiliados que esperan atención al otro lado de la ventanilla.
La negociación de acuerdos abreviados por parte de cinco imputados sugiere que la fiscalía tiene terreno firme. Pero la verdadera prueba de la institucionalidad dominicana no está en los arrestos ni en las negociaciones: está en si la condena, cuando llegue, es proporcional al daño causado y en si «Senasa 2.0» alcanza a quienes todavía no tienen esposas.
