La escena lo dice todo.
A las 11:00 horas del 7 de agosto, en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum se sentó frente a representantes de la Embajada de Estados Unidos, productores aguacateros y tres secretarías de Estado para hablar de un problema que ningún comunicado oficial había logrado resolver: la violencia en Michoacán está parando el comercio.
El detonante fue la decisión del gobierno estadounidense de suspender todas sus actividades en el estado y designarlo como zona de «Nivel 4 No Viajar». Esa clasificación, la más severa del Departamento de Estado, golpeó de inmediato a la industria aguacatera: sin inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) sobre el terreno, no hay certificación; sin certificación, no hay exportación.
La cadena que se rompió
El mecanismo es preciso y frágil. Para que un aguacate michoacano llegue a una mesa estadounidense, los empaques autorizados deben cumplir un Plan de Trabajo Operativo (PTO) verificado por funcionarios regulatorios del USDA. Cuando Washington retiró a esos funcionarios, la cadena se cortó en su eslabón más delgado.
El USDA autorizó únicamente el procesamiento de la fruta que ingresó el 4 de agosto y cuya recepción fue supervisada por un funcionario regulador. La fruta descargada ese día podrá permanecer almacenada, pero no podrá ser procesada ni exportada hasta nuevo aviso. Cada empaque, según la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), deberá «valorar y definir sus decisiones operativas» por su cuenta.
La APEAM no tardó en reaccionar. En un posicionamiento público, la agrupación advirtió sobre «las repercusiones que podría generar estas acciones para el intercambio comercial» y anunció que integrantes de su Consejo Directivo viajarían a la Ciudad de México para reunirse con autoridades.
Lo que dijo Sheinbaum
Durante la mañanera del pueblo, la mandataria reconoció una realidad que complica el relato oficial: el Plan Michoacán redujo la inseguridad en la zona de Uruapan, pero «en otros municipios continúa la presencia de organizaciones delictivas».
La frase es reveladora. El gobierno lleva meses presentando el Plan Michoacán como un éxito de seguridad; la propia presidenta acaba de admitir que ese éxito es parcial y geográficamente acotado.
Ante los productores, Sheinbaum detalló el esquema de apoyo: Secretaría de Agricultura, Secretaría de Seguridad, Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional y el SAT. También ofreció a Washington una salida técnica: si los inspectores estadounidenses no pueden operar con seguridad en Michoacán, México propone delegar esa función de certificación a SENASICA, el organismo sanitario nacional.
«Se les da todo el apoyo para que puedan hacer su trabajo seguros y si no, pueden delegarle ese trabajo a SENASICA», dijo la jefa de Estado.
Es una concesión implícita: el Estado mexicano no puede garantizar la seguridad de los funcionarios extranjeros en su propio territorio.
La trastienda del negocio
Los detalles cuentan la historia. La industria aguacatera de Michoacán no es un sector marginal: es una de las exportaciones agrícolas más valiosas de México hacia Estados Unidos, con una logística de certificación binacional que lleva años construyéndose. Que esa maquinaria se detenga por una alerta de seguridad habla de cuánto poder real tienen las organizaciones delictivas sobre la economía productiva de la región.
La APEAM informó que dará «seguimiento permanente a la situación» y mantendrá informados a sus asociados. Por ahora, los empaques esperan.
Lo que está en juego
Para Hemisferio, la imagen de tres secretarías de Estado, la Guardia Nacional y el SAT movilizados para convencer a Washington de que sus inspectores pueden trabajar seguros en Michoacán resume con precisión el costo real de la inseguridad crónica: no es solo un problema de orden público, es un impuesto invisible que pagan los productores, los trabajadores del campo y los consumidores de ambos lados de la frontera.
El libre comercio no funciona sin Estado de derecho. Cuando el aparato estatal no puede proteger a los agentes económicos —ni siquiera a los inspectores extranjeros que certifican la calidad de la fruta— el mercado no se detiene por regulación: se detiene por miedo. Esa es la factura que Michoacán, y México, siguen pagando.
