La escena lo dice todo. El 7 de marzo, Irán acusó a Estados Unidos de atacar una planta desalinizadora en la isla de Qeshm, en la provincia de Hormozgan, junto al estrecho de Ormuz. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó que el golpe había cortado el suministro de agua a 30 aldeas. Al día siguiente, Bahréin denunció que un dron iraní había dañado su propia planta desalinizadora, una instalación de la que depende ese pequeño Estado del Golfo para convertir agua de mar en agua potable. Los Emiratos Árabes Unidos reportaron simultáneamente un ataque contra la planta de energía y agua de Fujairah F1. Y a principios de junio, Irán aseguró que dos embalses habían sido dañados y miles de personas habían perdido acceso al agua potable tras ataques estadounidenses sobre las localidades iraníes de Jask y Sirik.
En 72 horas, la infraestructura hídrica de varios países había quedado en el centro del campo de batalla.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El Oriente Medio y el norte de África ya atravesaban una crisis de agua sin precedentes antes de que comenzaran las hostilidades. Las temperaturas en la región se esperan que suban al doble del promedio global durante el siglo XXI. Siria, Libia y Yemen habían acumulado años de guerra y colapso humanitario. Las sequías inducidas por el clima habían golpeado con especial dureza a los estados del Golfo, Irán e Irak. En algunos países de la región, la desalinización cubre más de dos tercios de la demanda total de agua. Atacar esas plantas no es solo táctica militar: es golpear la línea de flotación de sociedades que ya operaban al límite.
La guerra ha causado al menos 58.000 millones de dólares en daños a la infraestructura energética del Golfo, según las fuentes consultadas por este medio. Los ingresos por turismo han caído alrededor de 600 millones de dólares diarios desde que comenzaron las hostilidades. Los ataques a refinerías e instalaciones petroleras —incluidos el depósito de Shahran y la refinería de Shahr-e Rey en Teherán— llevaron al director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a advertir sobre el riesgo de «contaminar alimentos, agua y aire», con consecuencias potencialmente graves para niños y ancianos.
Los detalles cuentan la historia. Las estimaciones disponibles apuntan a que solo en sus primeras dos semanas, el conflicto generó cinco millones de toneladas de emisiones de CO2, más que las emisiones anuales combinadas de 84 países. Las fuentes son múltiples: destrucción de edificios, quema de reservas de combustible, operaciones de combate, producción y uso de misiles y drones. La reconstrucción posterior sumará más.
Mientras tanto, el miércoles de esta semana el presidente Donald Trump declaró ante periodistas en la cumbre de la OTAN en Ankara que el acuerdo inicial para detener la guerra estaba «terminado», y Washington y Teherán han intercambiado ataques militares en los últimos dos días. El frágil alto al fuego que había frenado las hostilidades ha vuelto a quebrarse.
El contexto financiero agrava el cuadro. Ocho de los diez mayores donantes humanitarios han recortado fondos desde 2022, en lo que los analistas llaman la «gran recesión de la ayuda». Los gobiernos de la región cuentan con menos recursos para invertir en resiliencia hídrica precisamente cuando más la necesitan. Las poblaciones más expuestas —refugiados, agricultores, mujeres— quedan atrapadas entre la escasez y el conflicto.
La solicitud de presupuesto del Pentágono presentada por la Casa Blanca semanas después de iniciada la guerra —1,5 billones de dólares— generaría, según estimaciones citadas en las fuentes, unos 267 megatones de contaminación de carbono.
Hemisferio no suscribe el catecismo del alarmismo climático institucional, pero los hechos aquí no admiten eufemismos: destruir infraestructura hídrica en una región donde el agua ya era un bien escaso tiene un costo concreto, medible y humano. No es una metáfora de la crisis climática; es la crisis misma, acelerada por la lógica de la guerra. El verdadero debate de política pública no es cuántos megatones produce un misil, sino cómo se reconstruye —y quién paga— una región cuya capacidad de proveer agua potable a sus propios ciudadanos ha quedado dañada en medio de un conflicto que, según Trump esta semana, aún no tiene fecha de cierre. Esa es la cuenta que los contribuyentes, los estrategas y los gobiernos del Golfo tendrán que saldar cuando el polvo se asiente.
