La escena lo dice todo. El ministro de Hacienda salvadoreño, Jerson Posada, firmó esta semana un convenio de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 185 millones de dólares destinados al Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Guluchapa, en el Área Metropolitana de San Salvador. La ejecución quedará a cargo de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
«Cada proyecto que ponemos en marcha responde a una decisión clara: seguir construyendo un país con mejores oportunidades para su gente», declaró Posada al momento de la firma.
El proyecto cubre siete distritos de los departamentos de San Salvador y La Paz: Ilopango, Soyapango, Santiago Texacuango, San Martín, San Marcos, Santo Tomás, San Francisco Chinameca y Olocuilta. Son zonas con alta demanda y crecimiento poblacional donde el suministro continuo y seguro de agua potable ha sido una deuda histórica.
Las obras previstas
La inversión abarca todas las etapas del ciclo hídrico, desde la captación hasta la distribución. Entre las obras figuran la construcción y rehabilitación de 25 puntos de captación, el desarrollo de una nueva planta de tratamiento con capacidad de 650 litros por segundo y la modernización de estaciones de bombeo y rebombeo. La iniciativa incorpora además tecnologías de monitoreo y control orientadas a aumentar la eficiencia hidráulica y reducir las pérdidas en la red.
El respaldo del BCIE no es nuevo. La institución acompañó el proceso desde 2022, cuando otorgó una cooperación técnica no reembolsable de 600,000 dólares a través del Fondo Fiduciario de Donante Único Corea-BCIE (KTF). Esos fondos financiaron una evaluación integral del sistema e infraestructura de abastecimiento que sirvió de base para diseñar la nueva estructura de gestión del recurso hídrico.
El préstamo tendrá un plazo de veinte años, con cinco años de gracia, y una tasa de interés semestral ajustable conforme a la política del BCIE.
Otro frente abierto
Paralelo al acuerdo hídrico, el gobierno salvadoreño cuenta con aval para contratar un segundo préstamo, por 155 millones de dólares, destinado a financiar la fase dos del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana (PIVMU). Ese plan, ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT), contempla intervenciones en la red vial nacional, incluyendo la ampliación de la carretera en la ruta nacional 13W —desde el desvío de Atiquizaya hasta el bypass de Ahuachapán— y la construcción de corredores norte y oriente en el área metropolitana de San Salvador. El contrato incluye ciclovías, pasos peatonales, obras de drenaje y señalización avanzada, con condiciones financieras similares al préstamo hídrico.
La lectura de Hemisferio
Los detalles cuentan la historia. El Salvador acumula en pocos días dos grandes operaciones de financiamiento externo —340 millones de dólares en conjunto— orientadas a infraestructura básica: agua y vialidad. El modelo elegido es el préstamo con largo plazo de repago, no la transferencia a fondo perdido ni el gasto corriente. Esa distinción importa: la deuda que construye activos productivos y mejora la calidad de vida tiene una lógica distinta a la que financia nóminas o subsidios sin contraparte tangible.
Para un país que ha apostado por atraer inversión y proyectar estabilidad institucional, la capacidad de cerrar operaciones de esta escala con organismos multilaterales es también una señal hacia los mercados. El reto, como siempre en proyectos de infraestructura pública, estará en la ejecución: que ANDA convierta los 185 millones en litros de agua que lleguen a tiempo y sin pérdidas a los hogares de Soyapango o Ilopango. Ahí, y no en la firma, se jugará la verdadera credencial del proyecto.
