La escena lo dice todo. En junio de 2025, la administración Trump anunció su intención de derogar la llamada «Roadless Rule», una norma de conservación aprobada en 2001 que prohíbe la construcción de caminos y la tala en casi 60 millones de acres de bosques federales. El objetivo declarado: abrir esas tierras a la industria maderera y facilitar la construcción de infraestructura. El argumento de fondo: que más tala y más caminos ayudarían a reducir el riesgo de incendios forestales.
Ahora, un equipo de investigadores publica en la revista PLOS Water un estudio que pone cifras concretas a lo que está en juego. Los detalles cuentan la historia.
Los investigadores analizaron 2.488 Áreas Inventariadas Sin Caminos (IRAs, por sus siglas en inglés), las zonas protegidas que la Roadless Rule estableció en 38 estados. Esas áreas protegen más de 130.000 kilómetros —casi 81.000 millas— de ríos. Representan apenas el 2,5% de la longitud total de ríos en los estados contiguos, pero su peso sobre el suministro de agua potable es desproporcionado: un total de 25 millones de personas dependen de cuencas hidrográficas influenciadas por esas zonas.
La concentración es mayor en el oeste. En Colorado, el 58,9% de la población obtiene agua potable de cuencas vinculadas a IRAs. En Nuevo México, el porcentaje llega al 38,7%. En California, al 24%. Cinco estados —Arizona, California, Colorado, Georgia y Carolina del Norte— tienen cada uno más de un millón de personas que dependen directamente de esas fuentes. El Bosque Nacional de los Ángeles, por ejemplo, abastece a más de 4 millones de clientes de servicios de agua en el sur de California.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos inició formalmente el proceso de derogación en agosto pasado. Una decisión final se espera para finales de 2026.
El costo que nadie menciona
Julian Olden, profesor en la Escuela de Ciencias Acuáticas y Pesqueras de la Universidad de Washington y autor principal del estudio, lo formuló en términos económicos directos: «Mantener la Roadless Rule y proteger las áreas forestadas de la construcción de caminos y la tala industrial tiene sentido económico porque mantiene el agua potable más limpia y más barata de tratar», dijo a TIME. «Cuando las cuencas no están bien protegidas —por ejemplo, cuando la tala y la construcción de caminos perturban el suelo— la calidad del agua puede deteriorarse, lo que a veces obliga a las plantas de tratamiento a cerrar temporalmente, emitir alertas de agua potable o buscar fuentes alternativas, todo lo cual cuesta dinero».
El estudio también identificó impactos sobre actividades recreativas. Según Olden, las áreas con protecciones sólidas sin caminos tienden a coincidir con las zonas de mayor demanda de caza y pesca. Una derogación, advirtió, «podría amenazar estas oportunidades recreativas, que dependen de mantener tierras silvestres e inexplotadas».
Sobre los incendios, la nota es relevante: la investigación señala que los incendios forestales podrían ser hasta cuatro veces más probables cerca de caminos que en tramos de bosque sin ellos, un dato que complica el argumento central del gobierno para justificar la derogación.
La lectura de Hemisferio
La administración Trump tiene razones legítimas para revisar regulaciones que durante décadas han restringido el aprovechamiento de recursos en tierras federales. La tala sostenible, la gestión activa de bosques y la reducción de combustible vegetal son herramientas reales de política forestal, no invenciones de la industria. Pero una cosa es desregular para liberar valor económico y otra es trasladar costos silenciosamente al contribuyente y al usuario del servicio de agua.
Si la derogación de la Roadless Rule encarece el tratamiento del agua, obliga a municipios a buscar fuentes alternativas o fuerza cierres temporales de plantas de tratamiento, ese costo no lo absorbe la empresa maderera: lo paga el ciudadano en su factura y en sus impuestos locales. El principio del libre mercado exige que quien genera la externalidad la internalice, no que la socialice. Esa es la pregunta que el debate político todavía no ha respondido con honestidad.
