La escena lo dice todo. Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dispara contra un conductor colombiano de 25 años en Biddeford, Maine. Horas después, según relató su exesposa Ashley Brouillette a The Associated Press, David Brouillette la llama por Facebook y reconoce que mató a Joan Sebastián Durán Guerrero. Su hija de 18 años, Madison Brouillette, dijo a la misma agencia que su padre también la llamó ese miércoles para decirle lo mismo. Les aseguró a ambas que actuó en defensa propia.
Para entender el presente hay que volver a esa semana, pero también a los años anteriores.
Ashley Brouillette contó a la AP que cuando su exmarido le dijo, a finales del año pasado, que se había unido al ICE, ella simplemente no le creyó. Según ella y otros familiares, Brouillette era abusivo, tenía un largo historial de problemas psiquiátricos y «nunca debió portar placa y pistola». Solo cuando comenzaron a circular los videos del tiroteo comprendió que decía la verdad.
Los detalles cuentan la historia. Un familiar directo de Brouillette, que habló bajo condición de anonimato, afirmó que de niño le diagnosticaron trastorno bipolar severo y trastorno por déficit de atención, diagnóstico que Ashley Brouillette confirmó. El familiar lo describió como «extremadamente enfermo mental» y señaló que a los 12 años intentó quitarse la vida en dos ocasiones y fue hospitalizado varias veces. Madison Brouillette recordó haber llegado de la escuela a casa y encontrar a su padre sentado en el tronco de un árbol apuntándose con un arma a la cabeza.
El historial judicial agrega capas. Cientos de expedientes de tribunales familiares obtenidos en la oficina del secretario de la Corte de Distrito de Augusta detallan años de denuncias de abuso físico y verbal presentadas por su segunda exesposa —a quien la AP no identifica por temor a represalias— a nombre de ella y sus hijas. En una solicitud de orden de restricción temporal, concedida por un juez en 2021, esa mujer escribió: «Dave necesita terapia o algo para su TEPT y depresión». Brouillette, por su parte, sostuvo en documentos judiciales que su segunda exesposa lo había difamado.
No aparecen antecedentes penales a su nombre en el Departamento de Seguridad Pública de Maine. Y el camino hacia el uniforme federal fue sinuoso: los reclutadores militares lo rechazaron inicialmente por sus diagnósticos de salud mental, pero lo alentaron a dejar sus medicamentos durante un año y volver a postularse. Lo hizo. Según registros militares, Brouillette estuvo alistado en la Guardia Nacional del Ejército de Maine desde noviembre de 2007 hasta enero de 2010.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa al ICE, no ha dado a conocer públicamente el nombre del agente. Ante las preguntas de la AP sobre el historial de Brouillette, un portavoz del ICE respondió que «nunca confirmaremos ni negaremos intentos de doxear a nuestros agentes del orden» y añadió que «el agente del ICE en cuestión tiene casi una década de experiencia en fuerzas del orden federales, con la capacitación requerida, incluido adiestramiento sobre el uso de la fuerza». La Casa Blanca remitió todas las preguntas al ICE. Brouillette no respondió a mensajes de texto ni a un correo electrónico solicitando sus comentarios.
El DHS afirmó que «el conductor intentó huir del lugar y, por temores de seguridad pública, un agente disparó su arma». Según la AP, al menos 10 personas han muerto en encuentros con agentes de inmigración desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, en el contexto de la ofensiva migratoria de su administración.
La trastienda de este caso plantea una pregunta que el aparato estatal no ha respondido con claridad: ¿qué tan exhaustiva fue la investigación del DHS sobre sus reclutas durante la oleada de contrataciones impulsada para ejecutar esa política?
Desde Hemisferio, el principio es claro: el control de la inmigración ilegal es una función legítima y necesaria del Estado, y la línea editorial de esta casa respalda sin ambigüedad el derecho de cualquier gobierno a hacer cumplir sus leyes migratorias. Pero ese mandato solo se sostiene si los agentes que lo ejecutan pasan filtros rigurosos. Un Estado que contrata sin escrutinio suficiente no refuerza el orden; lo fragiliza. El caso de Brouillette —si los hechos documentados por la AP se confirman— no es un argumento contra la política migratoria de Trump; es un argumento a favor de que esa política se instrumente con estándares institucionales que protejan tanto al ciudadano como al propio agente. La credibilidad de la aplicación de la ley se juega en esos detalles.
