La escena lo dice todo. Una morgue desbordada en Bello Monte, cuerpos sin nombre en cementerios del litoral central y, a casi cuatro semanas del doble terremoto del 24 de junio, el gobierno venezolano convocando por fin a los familiares a entregar una muestra de ADN.
El llamado llegó este martes en forma de comunicado conjunto del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf). La instrucción es concreta: quienes presuman tener un familiar entre los fallecidos no identificados deben acudir a la sede central del Senamecf en Bello Monte, de lunes a sábado, entre las 8:30 y las 18:00 hora local. El objetivo declarado es cotejar perfiles genéticos con los restos que permanecen en las instalaciones forenses del estado La Guaira y en la capital.
El balance oficial que acompaña la medida es ya de por sí sobrecogedor: 5.278 fallecidos, 16.740 heridos y 17.907 personas sin vivienda tras el colapso o daño estructural severo de 856 edificaciones. Son los números que el Ejecutivo nacional ha difundido. Pero la distancia entre esa cifra y lo que documentan fuentes independientes es la verdadera historia de esta catástrofe.
La plataforma ciudadana «Desaparecidos Terremoto Venezuela» ha registrado de manera autónoma más de 29.500 reportes de personas no localizadas. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) va más lejos: sus informes preliminares estiman que el número real de desaparecidos podría ascender hasta los 50.000. Testigos y reporteros locales han documentado, además, la inhumación de cuerpos no identificados en fosas comunes habilitadas en cementerios del litoral central, la zona más golpeada por los sismos.
El gobierno, mientras tanto, no ha ofrecido balances consolidados sobre personas con paradero desconocido.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El 24 de junio, dos terremotos sacudieron Venezuela con epicentros que devastaron La Guaira, el estado costero que concentra el litoral central y el acceso marítimo a Caracas. Las imágenes de los edificios OPP —un complejo residencial en Caraballeda— reducidos a escombros se convirtieron en el símbolo visual de la tragedia. Equipos de rescate y voluntarios trabajaron entre los restos mientras la magnitud real del desastre tardaba en tomar forma oficial.
La convocatoria de ADN llega, pues, en un momento en que la brecha entre el relato del Estado y el conteo ciudadano se ha vuelto insostenible. La sociedad civil organizada lleva semanas recogiendo reportes que el aparato estatal no ha consolidado. Las familias que buscan a sus muertos no tienen una ventanilla única: la tienen ahora, a casi un mes de la catástrofe.
Los detalles cuentan la historia. El Senamecf atenderá en horario ampliado, seis días a la semana, lo que sugiere una demanda que los funcionarios anticipan como masiva. La comparación científica de perfiles genéticos es el único camino viable cuando los cuerpos llevan semanas sin identificar y cuando parte de ellos ya han sido inhumados sin nombre. Cada día que pasa estrecha esa ventana.
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Desde Hemisferio, la pregunta que no puede esquivarse es esta: ¿por qué tardó casi cuatro semanas? Un Estado con capacidad real de respuesta humanitaria no espera a que la sociedad civil contabilice 29.500 desaparecidos para abrir una jornada de ADN. Lo que ocurre en Venezuela no es solo la magnitud de un sismo; es la radiografía de un aparato de gobierno que llegó a la catástrofe sin instituciones funcionales, sin transparencia en los datos y sin la infraestructura forense que una emergencia de esta escala exige desde el primer día.
El principio en juego es elemental: las familias tienen derecho a saber qué fue de los suyos. Ese derecho no depende de la voluntad política del régimen ni de si las cifras resultan convenientes. Mientras la distancia entre 5.278 muertos oficiales y 50.000 desaparecidos estimados por la ONU permanezca sin explicación, la convocatoria de ADN será un paso necesario, pero insuficiente. Venezuela necesita datos verificables, acceso humanitario sin restricciones y rendición de cuentas, no solo una jornada de muestras genéticas.
