La escena lo dice todo.
A la hora en que la tradición mandaba un encuentro entre el presidente saliente y el entrante, la Casa de Nariño registró solo una partida. Gustavo Petro se marchó del palacio de gobierno en Bogotá acompañado por sus hijos Antonella Petro Alcocer y Nicolás Alcocer Petro, y por un grupo de colaboradores cercanos. Del otro lado, Abelardo De La Espriella tomaba posesión como nuevo presidente de Colombia a varios cientos de kilómetros de distancia, en la ciudad de Cali.
No hubo apretón de manos. No hubo traspaso simbólico en el mismo recinto. Ambos protagonistas lo dejaron claro desde antes: no existiría un cara a cara, dadas sus marcadas diferencias políticas y personales. La ruptura del protocolo no fue un accidente; fue una declaración.
Petro se despidió de su despacho con una imagen que él mismo difundió: la oficina que ocupó durante su mandato, con una bandera y un retrato de Simón Bolívar como testigos mudos del cierre. «Despedida de mi oficina donde estuve muchísimo tiempo acompañado de esa bandera y ese retrato de Bolívar», escribió.
Los detalles cuentan la historia.
El ahora expresidente, primero de izquierda en llegar a la presidencia de Colombia, no reconoció la elección de su sucesor. Petro denunció un supuesto fraude electoral, pero según la información disponible no presentó pruebas que lo sustenten. La acusación quedó suspendida en el aire, sin respaldo documental, mientras De La Espriella juraba el cargo ante el país.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. La tensión entre ambos no nació en las últimas horas de gobierno; atravesó toda la campaña y se instaló como telón de fondo de una transición que Colombia no había visto con esta carga de hostilidad declarada. «El Tigre», como se conoce a De La Espriella, llega al poder en un ambiente donde el expresidente activo más influyente del país cuestiona la legitimidad misma del proceso que lo desplazó.
La trastienda es política, pero las consecuencias son institucionales.
Una acusación de fraude sin evidencia, lanzada por quien ocupó la primera magistratura, no es un dato menor. Siembra dudas sobre instituciones electorales que el propio Petro utilizó para llegar al poder en 2022. El giro es significativo: el mismo sistema que lo consagró presidente ahora es, según él, un mecanismo fraudulento cuando produce un resultado adverso.
De La Espriella, mientras tanto, eligió Cali como escenario de su posesión, un gesto geográfico y simbólico que marca distancia del centro político bogotano y de la herencia inmediata de su antecesor.
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Lo que Colombia cierra hoy es un ciclo de cuatro años que redefinió los límites del debate político en el país. Lo que abre es una incógnita administrada desde la desconfianza mutua entre el poder que llega y el poder que se va sin reconocerlo.
Desde la línea editorial de Hemisferio, el desenlace tiene una lectura precisa: las instituciones democráticas no se sostienen solo con votos; se sostienen con la disposición de quienes pierden a aceptar el veredicto de las urnas. Una denuncia de fraude sin pruebas, formulada por un expresidente con audiencia masiva, es un instrumento de desestabilización, no de justicia. Colombia necesita que De La Espriella construya gobernabilidad sobre bases sólidas —orden, inversión, respeto a la propiedad privada— y que lo haga sin que la sombra de una acusación infundada enturbie cada decisión de su mandato. El país merece esa claridad. Y la institucionalidad, ese respeto.
