La escena lo dice todo. Mientras Alejandro Carranza Cepeda defendía al presidente Gustavo Petro y a su hijo Nicolás Petro Burgos ante los tribunales, su firma y su empresa suscribían contrato tras contrato con entidades del Estado colombiano. La Unidad Investigativa de El Tiempo reveló que el valor total de esos contratos, firmados entre mayo de 2024 y julio de 2026, supera los 466 millones de pesos.
El primero llegó el 8 de mayo de 2024: 93 millones de pesos con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Después vinieron más. A través de la sociedad Grupo Carranza Abril S.A.S., de la que Carranza es socio junto con su esposa, Julieth Mayerly Abril Fernández, la firma obtuvo contratos con el Club Militar y de nuevo con la ANI.
En septiembre de 2024, el Club Militar suscribió un contrato con la empresa por 19 millones de pesos para asesoría estratégica. En enero de 2025, otro por 87 millones con esa misma institución. En ese período, el Club Militar era dirigido por el general (r) José Henry Pinto. Meses después, Pinto asumió la dirección de la Aerocivil.
Lo que vino a continuación es el detalle que más preguntas genera. Según la investigación, tras la llegada de Pinto a la Aerocivil, la esposa de Carranza fue nombrada asesora grado 30 en esa entidad, con un salario cercano a los nueve millones de pesos mensuales, cargo que según la publicación continúa ocupando.
La relación con la ANI tampoco se detuvo. La firma obtuvo dos nuevos contratos con esa agencia: uno en julio de 2025 por cerca de 78 millones de pesos y otro en febrero de 2026 por aproximadamente 187,7 millones. Para entonces, Carranza ya ejercía como apoderado del presidente Petro.
Consultado por El Tiempo, el abogado defendió la legalidad de todos los contratos. Sostuvo que su vínculo con la ANI comenzó antes de asumir la defensa de Nicolás Petro y del presidente, y que los contratos con el Club Militar se originaron en su relación profesional con el general Pinto. Rechazó que existiera favorecimiento de ningún tipo.
Las revelaciones llegan en un momento de particular turbulencia para el entorno legal del presidente. La Corte Suprema adelanta una investigación contra la exrepresentante Gloria Arizabaleta, y en ese proceso han trascendido chats en los que aparece mencionado Carranza en conversaciones relacionadas con procesos que involucraban al jefe de Estado. Por su parte, el exfiscal Néstor Humberto Martínez declaró, según Semana: «Gustavo Petro ha querido entramparme».
Los detalles cuentan la historia. Un abogado que defiende al presidente firma contratos con entidades que responden al Ejecutivo; su esposa obtiene un cargo en una entidad cuyo director previo fue el mismo funcionario con quien el abogado dice haber construido su relación profesional. Cada pieza, tomada por separado, tiene una explicación. El conjunto plantea una pregunta que el aparato estatal colombiano, bajo la administración Petro, no ha respondido con claridad: ¿dónde termina la relación profesional legítima y dónde empieza el conflicto de interés?
Para Hemisferio, lo que está en juego es un principio elemental del Estado de derecho: quienes defienden a los poderosos ante la justicia no deberían, al mismo tiempo, recibir dinero de los contribuyentes a través de las entidades que esos mismos poderosos controlan. No porque la ley lo prohíba necesariamente en cada caso, sino porque la confianza en las instituciones se erosiona exactamente así, contrato a contrato, nombramiento a nombramiento, en la trastienda del poder.
