Una persona llama al 911 desde un teléfono celular. No sabe en qué calle está. El operador, del otro lado, tampoco lo sabe con certeza: solo puede ubicar la torre que recibió la llamada, que puede estar a una distancia considerable del lugar real. Los detalles cuentan la historia mejor que cualquier discurso: en la aplicación de reparto que trajo la cena esa misma noche, el conductor supo exactamente en qué esquina detenerse.
Esa brecha entre lo que puede hacer la tecnología privada y lo que puede hacer el aparato estatal de emergencias es el centro de una columna publicada en TIME por Rebecca Neusteter, quien advierte que el sistema 911 estadounidense «se está volviendo obsoleto rápidamente».
El dato central: el 911 se lanzó en 1968, diseñado para líneas fijas con direcciones catalogadas, cuando localizar a quien llamaba era casi inmediato. Casi seis décadas después, ese diseño sigue intacto mientras el país cambió por completo. En 2024, más de tres cuartas partes de las llamadas al 911 llegaron por celular o por servicios de voz sobre protocolo de internet (VoIP); solo alrededor del 7% vino de líneas fijas, y en muchos estados las líneas fijas representan menos del 5% de las llamadas.
El problema no es menor: según la autora, hasta un 20% o más de las llamadas se rastrean a la torre equivocada. A diferencia de aplicaciones como Google Maps o Life360, que rastrean la ubicación de un teléfono de forma continua, los operadores del 911 dependen de datos de la operadora telefónica que se actualizan en intervalos de 20 a 30 segundos, y si la llamada se transfiere, el proceso vuelve a empezar desde cero. En zonas rurales, con torres escasas, o en edificios de altura, el margen de error crece.
Preguntar «¿dónde está su emergencia?» —la fórmula que según la columna reemplazó cada vez más al clásico «¿cuál es su emergencia?»— asume que quien llama puede responder. No siempre es así: puede estar en un lugar desconocido, enfrentando un peligro inmediato que le impide hablar, o desplazarse entre el momento de la llamada y la llegada de la ayuda.
Aquí aparece la trastienda política del asunto, y es donde la historia deja de ser solo tecnológica. En 2004, el Congreso aprobó la Ley ENHANCE 911, que autorizaba hasta 250 millones de dólares anuales en fondos federales para que los estados actualizaran sus sistemas. La escena lo dice todo sobre cómo funciona a veces Washington: esas partidas nunca se asignaron. Otras oportunidades de financiamiento resultaron mucho más pequeñas, la ley no fue reautorizada y el financiamiento nacional se secó. En años recientes, los fondos federales para modernizar el 911 prácticamente se detuvieron.
El desenlace, por ahora, es una promesa pendiente. Treinta y ocho estados se han comprometido a migrar a NextGen 911, un sistema basado en protocolo de internet que permitiría recibir llamadas por texto o video —útil para quienes no pueden o no saben compartir su ubicación, incluidas personas sordas o con dificultades auditivas—. El despliegue completo a nivel nacional se estima en unos 15.000 millones de dólares.
La autora sostiene que el costo de la inacción es mayor que el de la inversión, y pide al Congreso financiar plenamente NextGen 911.
El episodio, más allá del monto en juego, ilustra algo que este diario ha señalado en otros contextos: la brecha entre lo que el mercado privado resuelve en tiempo real —una app de transporte, un mapa digital, un rastreador familiar— y lo que un programa financiado con dinero de los contribuyentes tarda dos décadas en ni siquiera empezar a ejecutar. En 2004 el Congreso legisló, prometió y jamás pagó. Ese es el verdadero fallo de origen: no faltó ley, faltó voluntad de gastar lo que se había autorizado, y esa distancia entre la promesa legislativa y la partida presupuestaria real es, en última instancia, la historia de buena parte de la burocracia estadounidense.
Si Washington decide ahora sí desembolsar los 15.000 millones que exige NextGen 911, valdría la pena que el debate no se limite a la cifra, sino a por qué un sistema que protege vidas quedó congelado durante veinte años mientras el sector privado, sin subsidios ni mandatos, resolvió el mismo problema de localización con creces.
