Un operativo del Ejército Nacional permitió localizar y neutralizar dos artefactos explosivos improvisados instalados en una institución educativa de la vereda La Palma, en el corregimiento de Ortega, municipio de Cajibío, Cauca.
La alarma no fue menor: los elementos fueron encontrados dentro de las instalaciones que usan diariamente cerca de 25 estudiantes. Allí los menores desarrollan actividades académicas y también permanecen en zonas destinadas al descanso y la recreación, según informó el Ejército.
La operación estuvo a cargo de unidades del Batallón de Infantería Liviana N.° 7, perteneciente a la Vigésima Novena Brigada de la Tercera División. Una vez ubicada la amenaza, las tropas activaron los protocolos establecidos para este tipo de situaciones y aseguraron el área para evitar afectaciones a la población.
Después, especialistas en manejo de explosivos hicieron una inspección técnica para determinar las condiciones del terreno y definir el procedimiento más seguro. El trabajo se prolongó por más de tres horas, debido a la necesidad de reducir al máximo la posibilidad de daño sobre la infraestructura educativa y sobre las personas que estaban en los alrededores.
«Durante más de tres horas, nuestros soldados adelantaron el procedimiento técnico que permitió neutralizar esta amenaza contra los niños, docentes y la comunidad educativa», dijo el Ejército en un pronunciamiento publicado en sus redes sociales.
Finalmente, los expertos destruyeron los dos dispositivos mediante un procedimiento controlado. Con esa intervención se eliminó el peligro que permanecía dentro del establecimiento educativo y se evitó una posible emergencia que habría podido comprometer la seguridad de estudiantes y habitantes de la zona.
Según información de inteligencia militar citada por el Ejército, los explosivos estarían relacionados con integrantes de la estructura Jaime Martínez, perteneciente a una disidencia armada que tiene presencia en el Cauca. Esa atribución corresponde a la versión entregada por las autoridades y hace parte de las investigaciones sobre el caso.
La entidad castrense rechazó «el uso de explosivos en entornos escolares» y aseguró que continúa desarrollando operaciones militares para proteger a la población civil y prevenir acciones terroristas.
El comandante de las Fuerzas Militares, mayor general Erik Rodríguez, comentó que «no hay explicación posible para poner explosivos donde los niños van a estudiar. Es una conducta criminal que desconoce los principios más elementales de humanidad y vulnera las normas del Derecho Internacional Humanitario».
El Ejército también indicó que seguirá realizando operaciones de seguridad y control territorial en Ortega y sectores cercanos, con el objetivo de prevenir nuevos hechos que puedan poner en peligro a las comunidades y fortalecer las condiciones de seguridad en esa zona del departamento.
La escena lo dice todo. Una escuela rural convertida en punto de riesgo por la lógica de la violencia armada, mientras soldados y especialistas invierten más de tres horas para devolverle algo básico a una comunidad: la posibilidad de estudiar sin amenazas.
Para el Cauca y para cualquier sociedad seria, el desenlace deja una conclusión incómoda pero necesaria. Cuando un grupo armado instala explosivos en un plantel educativo, no solo desafía al Estado: ataca la vida civil, carga sobre el aparato público la tarea de reparar el daño y recuerda que la seguridad de los niños no puede depender de la suerte.
