La noche del viernes, hacia las 19:20 hora local, los vecinos de Ocaña escucharon las primeras detonaciones. No fue un estruendo aislado. Fue el inicio de un ataque con drones cargados de explosivos contra el Cantón Militar El Trapiche, sede de una guarnición del Ejército colombiano en Norte de Santander, a pocos kilómetros de la frontera con Venezuela.
El saldo, según el reporte preliminar difundido por el propio presidente Abelardo de la Espriella en la red social X, fue de un oficial y un soldado profesional muertos, y cinco soldados profesionales heridos. Una aeronave de la fuerza aérea, alcanzada por esquirlas, también resultó dañada, al igual que parte de la infraestructura militar. La evaluación completa de los daños continuaba en curso al momento de conocerse la noticia.
«¡El ELN acaba de asesinar a dos de nuestros militares en Ocaña!», escribió De la Espriella, señalando directamente al Frente Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional como responsable de la incursión. El mandatario extendió su solidaridad y sus oraciones a las familias de los caídos y deseó pronta recuperación a los heridos.
La escena lo dice todo sobre el estado real de la seguridad en esa franja del país: un cantón militar, símbolo de la presencia del Estado, atacado desde el aire con artefactos explosivos por una guerrilla que sigue operando con capacidad logística y territorial pese a años de negociaciones y treguas parciales. El Ejército activó los protocolos de seguridad correspondientes tras el ataque y adelanta la verificación de las afectaciones.
Norte de Santander, y en particular la región del Catatumbo, es desde hace años un territorio disputado por múltiples estructuras armadas ilegales. Allí operan tanto el ELN como el frente 33 de las disidencias de las FARC, en una zona donde las economías ilícitas —cultivos, minería y rutas de contrabando hacia Venezuela— financian buena parte de la violencia.
Tras conocerse el ataque, De la Espriella anunció que diseñará, junto con la cúpula militar y de policía, una nueva estrategia para el Catatumbo. «Vamos a golpear sus estructuras, sus cabecillas, sus finanzas y las economías ilícitas que alimentan su maquinaria criminal», sentenció el presidente, en un mensaje que anticipa una respuesta de mano dura frente a la guerrilla.
El episodio se produce, además, en un contexto de tensión creciente sobre la seguridad personal del propio jefe de Estado: las autoridades colombianas capturaron recientemente a un presunto francotirador del ELN acusado de planificar un atentado contra De la Espriella, según informaciones previas. La coincidencia temporal —una amenaza directa contra el mandatario y ahora un ataque letal contra una guarnición militar— refuerza la sensación de que el ELN busca demostrar capacidad operativa justo cuando el gobierno intenta proyectar firmeza en la frontera.
Para entender el presente hay que volver a esa noche en Ocaña: un cantón militar golpeado con drones, dos uniformados muertos y un presidente que, desde su cuenta personal, tuvo que confirmar en tiempo real la magnitud del ataque antes de que llegara cualquier parte oficial detallado. Es la trastienda de una guerra que, lejos de apagarse, se moderniza con tecnología no tripulada y sigue cobrando vidas de quienes visten el uniforme del Estado.
El desenlace de esta escalada dependerá de si la nueva estrategia anunciada por De la Espriella logra traducirse en resultados concretos contra las finanzas y los cabecillas del ELN, o si queda, como tantos anuncios anteriores en la región, en una declaración de intenciones. Lo que no admite matices es el hecho central: una guerrilla que el Estado colombiano no ha logrado desarmar volvió a demostrar, con explosivos lanzados desde el aire, que sigue teniendo la capacidad de matar soldados dentro de sus propias bases.
Para los ciudadanos de Ocaña y de todo el Catatumbo, el mensaje es más elemental todavía: sin control territorial efectivo del Estado, ni la propiedad, ni la inversión, ni la vida cotidiana tienen garantías reales. La seguridad no es un eslogan de campaña; es la condición previa para que cualquier otra política —económica, social o institucional— pueda sostenerse. Mientras el ELN conserve la capacidad de atacar cuarteles con drones cargados de explosivos, la promesa de orden que De la Espriella hizo a los colombianos seguirá midiéndose, literalmente, en cráteres y en ataúdes.
