Los detalles cuentan la historia. A las 2:00 de la tarde de ese jueves, en la carretera que une Pasto con el municipio de Policarpa, un bus de servicio público fue interceptado por un grupo de hombres armados. Los pasajeros descendieron uno a uno. Cuando llegó el turno del patrullero Álvaro Jair Pístala Garrido —desarmado, vestido de civil, de regreso de una cita médica en la capital nariñense— los captores verificaron su identidad y se lo llevaron con rumbo desconocido.
Cuatro horas más tarde, a las 6:00 de la tarde, al otro extremo del país, en el municipio de Uribia, La Guajira, el contador público David Rodríguez Gómez se desplazaba en una camioneta por una vía del barrio Yosú. Un puñado de hombres armados abordó el vehículo a la fuerza. El funcionario, que trabaja en el área financiera del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), desapareció con ellos.
Dos servidores públicos. Dos departamentos separados por casi mil kilómetros. Un mismo patrón, ejecutado en la misma jornada.
El director de la Policía, general William Rincón, reaccionó ante el primer caso con un comunicado que calificó el hecho como «una grave violación de los derechos humanos y una afrenta contra quienes dedican su vida a proteger a los colombianos», y exigió la liberación inmediata del patrullero. El Gaula de la Policía y las Fuerzas Militares activaron operaciones de rastreo en Nariño, sin que hasta el cierre de esta edición se conociera el paradero de Pístala Garrido ni qué organización armada lo retiene.
En el caso de Rodríguez Gómez, las autoridades locales confirmaron que el secuestrado es hermano de Eissa Rodríguez Gómez, secretaria de Asuntos Indígenas de la Alcaldía de Uribia. La senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, se pronunció en la red social X para expresar su «profunda preocupación» y describió a la víctima como «líder wayuu, defensor de los derechos humanos, activista de la comunidad LGBTIQ+ e hijo de una autoridad tradicional del resguardo de la Alta y Media Guajira». Peralta solicitó a las autoridades «activar de manera inmediata todos los protocolos de búsqueda» y garantizar su «pronta aparición con vida».
Al cierre de esta nota, ninguno de los dos hombres había sido localizado. Ningún grupo armado había reivindicado los hechos.
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La escena lo dice todo. Un policía que regresa desarmado de una cita médica y un contador que conduce su camioneta por un barrio de Uribia no son objetivos militares: son funcionarios del Estado colombiano convertidos en moneda de presión por organizaciones que operan con una impunidad que el gobierno de Gustavo Petro no ha logrado —ni, según sus críticos, querido con suficiente determinación— desmantelar.
El secuestro como herramienta política y económica no es una novedad en Colombia, pero su persistencia en 2025 es un termómetro del estado real del orden público, muy distinto al relato oficial de «paz total». Mientras el aparato estatal negocia con grupos armados en mesas que se prolongan sin resultados verificables, los hombres sobre el terreno —los que visten de civil para ir al médico, los que manejan camionetas por barrios periféricos— siguen siendo los más vulnerables. El costo de esa ecuación lo pagan ellos y sus familias, no los arquitectos de la política.
