La escena lo dice todo. Donald Trump se negó a firmar un proyecto de ley de vivienda de amplio respaldo bipartidista a menos que el Congreso aprobara primero el SAVE America Act, su proyecto de ley electoral. El movimiento volvió a colocar esa legislación en el centro del debate nacional. Y esta vez, la crítica más incómoda no vino de la izquierda.
Reid Ribble, que representó a Wisconsin en el Congreso, y Tom Corbett, exgobernador y exfiscal general de Pensilvania, publicaron esta semana un artículo conjunto en el que se declaran republicanos conservadores y, al mismo tiempo, opositores al SAVE Act. Sus argumentos merecen atención, no porque contradigan el principio que da nombre a la ley, sino porque cuestionan su ingeniería.
La premisa y el problema
Ambos autores parten de una afirmación que comparten con el presidente: solo ciudadanos estadounidenses elegibles deben votar en elecciones federales. El punto de discordia no es el objetivo, sino el instrumento. La ley federal ya prohíbe el voto de no ciudadanos en elecciones federales. Los estados de Wisconsin y Pensilvania, señalan, exigen por ley que los votantes sean ciudadanos estadounidenses, y los funcionarios electorales locales ya aplican múltiples salvaguardas para verificar la elegibilidad.
La pregunta real, escriben Ribble y Corbett, es si el proyecto federal resuelve un problema real de administración electoral de forma cuidadosa y viable, o si crea problemas nuevos para millones de ciudadanos elegibles.
Qué exigiría la ley
El SAVE Act requeriría prueba documental de ciudadanía para registrarse como votante en elecciones federales, además de identificación con foto para votar. En la práctica, según los autores, una licencia de conducir estándar no sería suficiente en la mayoría de los casos. Tampoco necesariamente una REAL ID, a menos que indique ciudadanía. Los votantes necesitarían pasaporte, tarjeta de pasaporte, certificado de nacimiento acompañado de identificación con foto, documentos de naturalización u otro documento calificado.
El texto enumera los casos concretos que hacen que ese requisito sea más gravoso de lo que parece en papel: un votante joven que se registra por primera vez y no tiene pasaporte; una mujer casada cuyo nombre legal ya no coincide con el del certificado de nacimiento; un votante rural que debe recorrer una larga distancia hasta una oficina electoral; un trabajador de bajos ingresos que no puede ausentarse en horario laboral; un militar destinado fuera de su estado. Un ciudadano que ha votado durante décadas podría verse obligado a presentar documentación nueva simplemente porque se mudó, cambió de nombre o actualizó su registro.
El argumento constitucional
El punto más sólido del texto, desde la perspectiva del federalismo que históricamente ha defendido el Partido Republicano, es el constitucional. La Constitución delega la administración electoral en gran medida a los estados. Wisconsin y Pensilvania no gestionan sus elecciones de la misma manera, y tampoco lo hacen Arizona, Georgia, Michigan o Carolina del Norte. Esa diversidad, argumentan los autores, no es un defecto: permite que cada estado construya sistemas adaptados a sus leyes, población y tradiciones. Imponer una solución federal uniforme sobre miles de jurisdicciones locales sería, a su juicio, una intromisión que los republicanos deberían rechazar por principio.
En Pensilvania, apuntan, un gobierno dividido —Cámara demócrata, Senado republicano— no ha impedido reformas electorales bipartidistas aprobadas con amplia participación de los gobiernos de condado. Así es, concluyen, como debe mejorarse la política electoral: mediante experiencia estatal, retroalimentación local y reformas prácticas diseñadas por quienes administran las elecciones.
Lo que está en juego
Hemisferio comparte la premisa de fondo: la integridad electoral es un bien público que merece protección, y el voto de no ciudadanos es ilegal y debe perseguirse. Pero la lógica de libre mercado y gobierno limitado que da coherencia a una agenda conservadora exige también coherencia cuando se trata del aparato estatal federal. Una ley que centraliza en Washington lo que los estados ya hacen —y que añade capas burocráticas a un proceso que hoy funciona con salvaguardas locales— no reduce el Estado: lo expande en una dirección diferente.
El riesgo más serio no es ideológico, sino práctico: funcionarios electorales locales ya sometidos a presión, rotación de personal y desconfianza pública tendrían que implementar requisitos nuevos y complejos bajo plazos ajustados. Eso no genera confianza. Genera confusión. Y la confusión, en materia electoral, es exactamente el combustible que alimenta la desconfianza que la ley dice querer resolver.
