La Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley Federal de Derechos, el paquete que fija las contribuciones que pagan personas físicas y morales por usar bienes de dominio público o recibir servicios del Estado para 2027.
El dictamen obtuvo 329 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y 117 en contra del PRI, PAN y MC, en una sesión marcada por reclamos sobre deuda e incrementos en cobros de hasta 1000%.
La escena lo dice todo. Mientras el Congreso avanzaba con la discusión, la pieza central era una actualización integral de precios y tarifas federales que toca de lleno al bolsillo de quienes pagan trámites, permisos y derechos ante el aparato estatal.
Entre los cambios aprobados están los relacionados con servicios migratorios, consulares y derechos ambientales. El texto plantea un incremento promedio del 30% en cuotas de trámites ambientales, entre ellos autorizaciones de aprovechamiento forestal; además, modifica al alza los costos de 29 servicios sanitarios para licencias y registros, y aumenta 16% las cuotas por inscripción, inspección y vigilancia a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
También se reestructuraron las tarifas de servicios migratorios en aeropuertos, fronteras y emisión de documentos en el extranjero. Entre ellas figuran la matrícula consular en 41 dólares, visas en pasaportes extranjeros a 56 dólares y la visa de visitante sin permiso para actividades remuneradas en 54 dólares.
En contraste, se mantuvieron congeladas las cuotas por el uso del espectro radioeléctrico en las bandas de 600 MHz y 700 MHz, con el argumento de no afectar los costos al consumidor final y de incentivar la conectividad. Asimismo, se eliminó por completo el cobro de derechos de entrada en 53 museos, monumentos y zonas arqueológicas del país, con el objetivo de garantizar el acceso cultural gratuito.
Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda, dijo que en comisiones hubo tres modificaciones derivadas del diálogo con funcionarios y con sectores social y privado. Explicó que se redujo el incremento que contenía la iniciativa para visitantes extranjeros que ingresan a México con fines turísticos. La propuesta original contemplaba un aumento de 35%, para pasar de 983 pesos a 1334.
También se modificó la clasificación de diversas zonas costeras del país para actualizar las cuotas por el uso, goce o aprovechamiento de la zona federal marítimo-terrestre y de los ambientes costeros. Y se incorporó la excepción del pago de derechos los domingos para visitantes nacionales y extranjeros, así como para residentes en México que acceden a áreas naturales protegidas donde se encuentren museos, monumentos o zonas arqueológicas.
Con la modificación aprobada, la cuota migratoria para turistas extranjeros bajó de 1334.80 a 1158 pesos. Además, esos ingresos se distribuirán 57% para la SEDENA, 15% para el INM y 28% para la Tesorería de la Federación.
La oposición concentró sus críticas en el tamaño de los aumentos. Héctor Saúl Téllez Hernández, del PAN, denunció incrementos de hasta 1000% y puso como ejemplo la licencia sanitaria para servicios de transfusión, que pasa de 1482 pesos a 17 mil 349 pesos. Sostuvo que no se trata de una actualización, sino de un incremento superior al 1000%.
En defensa del dictamen, Claudia Rivera Vivanco, de Morena, aseguró que la Ley Federal de Derechos permitirá seguir consolidando un Estado mexicano eficiente y justo. Dijo que la medida busca un Estado con inversión tecnológica, que protege al contribuyente, invierte en bienestar de su gente y defiende la grandeza de la nación.
El desenlace de esta discusión importa más allá de la aritmética legislativa. Cada ajuste en tarifas, cuotas y derechos revela hasta dónde el gobierno está dispuesto a cargar sobre usuarios, empresas y visitantes el costo de sostener su estructura. Cuando el Estado sube el precio de sus servicios, no solo recauda más: también redefine quién paga la cuenta y con qué libertad se mueve la actividad económica.
En esa tensión queda el fondo político del dictamen. Por un lado, hay alivios puntuales como la gratuidad en sitios culturales y el congelamiento del espectro; por el otro, una expansión de cobros que refuerza la lógica de caja del aparato estatal. Para el contribuyente, la pregunta de fondo es simple: cuánto de esta modernización se traduce en mejor servicio y cuánto termina siendo, otra vez, dinero más caro para sostener a la burocracia.
