La escena lo dice todo.
El 27 de marzo de 2023, 40 migrantes murieron dentro de una instalación del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. Estaban encerrados. Las puertas no se abrieron. Las imágenes, según la columna de la abogada Nadine Cortés publicada en El Financiero, mostraron «el momento en que el procedimiento pesó más que la vida».
Ahora México anunció que presentará denuncias ante autoridades de Estados Unidos por la muerte de 17 connacionales vinculada con centros de detención y operativos migratorios de ICE. La decisión abre un frente diplomático y jurídico que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum deberá sostener con más consistencia de la que demostró su antecesor cuando el desastre ocurrió en su propio territorio.
La pregunta incómoda la formula la propia Cortés: ¿puede México exigir a Washington una responsabilidad institucional que Ciudad Juárez no mereció en casa?
El manual de la defensa institucional
Francisco Garduño, entonces titular del INM, sostuvo que se encontraba lejos del lugar cuando ocurrió el incendio. La defensa fue sencilla: no estaba ahí, no cerró la puerta ni encendió el fuego. La responsabilidad descendió hacia los guardias, los funcionarios presentes y la empresa privada contratada. La institución sobrevivió.
Ese guión, advierte Cortés, es exactamente el que ICE podría reproducir. Cada uno de los 17 casos admite una narrativa distinta: una enfermedad, un suicidio, una fuga, una supuesta resistencia, el uso de un vehículo como amenaza, la decisión particular de un agente. La fragmentación convierte la tragedia en una serie de expedientes inconexos y protege la estructura que los hizo posibles.
Si las denuncias mexicanas se limitan a señalar al último eslabón —el agente que disparó, el guardia que omitió atención médica—, Estados Unidos podrá administrar cada muerte como una excepción y cerrar el caso sin tocar el diseño operativo que generó las condiciones.
Los números que obligan a mirar más arriba
Los datos citados por Cortés no admiten lectura casual. Entre 2009 y 2024, la tasa de mortalidad en detención migratoria estadounidense era de aproximadamente una muerte por cada 3.848 personas detenidas. Desde el regreso de Donald Trump, la tasa preliminar pasó a una por cada 1.630 detenidos. La mortalidad relativa es, según la misma fuente, cerca de 2,4 veces mayor.
No sólo se detiene a más personas: proporcionalmente también mueren más bajo custodia. Ese salto estadístico es el núcleo del argumento jurídico que México deberá construir. No 17 denuncias individuales, sino una pregunta institucional: ¿qué cambió dentro del sistema para que el riesgo aumentara de esa manera?
La respuesta, si se persigue con rigor, alcanzará a quienes definieron los operativos, permitieron actuar sin cámaras, conocieron las fallas y mantuvieron los mismos métodos después de las primeras muertes.
La frontera que se desplazó
Cortés señala una contradicción adicional que el gobierno mexicano preferiría no discutir. La frontera estadounidense, escribe, «dejó hace tiempo de coincidir con la línea territorial». Opera también en el río Suchiate, en los trenes detenidos, en los retenes y en las propias estaciones migratorias mexicanas.
Ambos aparatos comparten, según la columna, un mismo código operativo: primero desaparece la persona detrás de una categoría —irregular, asegurada, detenida, amenaza— y después la fuerza ejercida sobre ella parece parte normal del procedimiento.
No son responsabilidades equivalentes, pero la simetría es suficiente para debilitar la posición moral de quien reclama.
Lo que está en juego
Para Hemisferio, el caso ilustra un principio que trasciende la coyuntura migratoria: el Estado de derecho no se activa a conveniencia. México no puede exigir en Washington lo que no aplicó en Ciudad Juárez sin asumir el costo de esa contradicción.
Las denuncias son legítimas. La muerte de 17 personas bajo custodia, en cualquier jurisdicción, merece investigación y rendición de cuentas. Pero la legitimidad jurídica y la coherencia institucional son cosas distintas. Un gobierno que protegió a su propio aparato burocrático de la responsabilidad estructural tiene menos capital para exigir que otro lo desmonte.
La justicia, si llega, no corregirá el pasado. Pero todavía puede cambiar las condiciones de quienes siguen detenidos. Eso requiere seguir la cadena completa —en ambos lados de la frontera— aunque la verdad alcance a quienes diseñaron, toleraron y mantuvieron en pie el sistema. Ese es el estándar. México debería saber mejor que nadie cuánto cuesta no aplicarlo.
