La escena lo dice todo.
Frente a los edificios de la urbanización Reserva de Meléndez, en las laderas de Cali, unas 200 familias llevan varias noches durmiendo bajo carpas improvisadas. Adentro de esas lonas —suministradas por el Ejército Nacional— guardan ropa, fotografías, documentos y mascotas. Afuera, los bloques de apartamentos muestran grietas enormes, techos desprendidos y estructuras que nadie se atreve a pisar sin una evaluación técnica que todavía no llega.
El detonante fue el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado lunes. El balance oficial de la Alcaldía de Cali cuantifica la magnitud del daño: 46 edificaciones con colapso total, otras 46 con colapso parcial, 1.142 con daños estructurales y 18 edificios con orden de evacuación por riesgo inminente. Las autoridades han retirado 8.236 toneladas de escombros con el apoyo de 1.800 rescatistas activos en distintos puntos de la ciudad.
Para las familias de Meléndez, sin embargo, los números abstractos tienen una traducción concreta y dolorosa: la mayoría adquirió sus apartamentos mediante créditos hipotecarios que aún está pagando. Otros viven de alquiler y aseguran no tener a dónde ir. El terremoto no suspendió las deudas; solo volvió inhabitables los inmuebles que las garantizan.
«Las torres quedaron destruidas, no sabemos si podremos volver a entrar. Nos falta que el Gobierno mande personas expertas en suelos para que nos diga si podemos volver a ellas, pero las grietas son enormes», explicó a EFE Katherine Almeida, joven que asumió la vocería de la comunidad.
Almeida también reveló la razón por la que muchos vecinos se niegan a trasladarse a los albergues que las autoridades han ofrecido: el miedo al saqueo. «Muchos nos han ofrecido vivienda, un albergue para ir a quedarnos, pero no queremos salir por miedo a que nos saqueen lo poco que tenemos», dijo. Por eso han organizado turnos de vigilancia entre los propios residentes.
El campamento está ubicado en la Comuna 18, uno de los sectores de escasos recursos de Cali, que según las fuentes ya venía golpeado por hechos de violencia extrema. A la crisis estructural se suma el luto: una mujer del sector perdió la vida cuando una pared se desplomó sobre ella mientras intentaba proteger con su cuerpo a sus dos hijos pequeños. «Cuando la encontraron ya no tenía vida. El niño fue dado de alta y la niña está en cuidados intensivos. Nos duele que niños tan pequeños se queden sin mamá», expresó Almeida.
En medio de la emergencia ha surgido una red de solidaridad espontánea. Vecinos de sectores aledaños llevan alimentos y agua. Médicos y psicólogos voluntarios recorren el campamento. Al mediodía, cuando las temperaturas superan los 30 grados y las carpas se vuelven sofocantes, grupos de voluntarios y payasos llegan para distraer a los niños, quienes aún no comprenden por qué sus juguetes quedaron atrapados entre las grietas ni por qué deben dormir bajo una lona.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El sismo no golpeó a un barrio próspero con reservas de ahorro y seguros de vivienda robustos: golpeó a familias que ya operaban al límite, con créditos hipotecarios activos y sin red de contención. La pregunta que nadie ha respondido todavía —ni la Alcaldía ni el Gobierno nacional— es qué ocurrirá con esas obligaciones financieras mientras los peritos determinan si las estructuras son recuperables o deben demolerse.
Ese vacío institucional es el verdadero segundo terremoto. Un Estado que llega con carpas y rescatistas —respuesta necesaria y valorable— pero que no ha articulado aún una respuesta clara sobre la habitabilidad de los inmuebles ni sobre el destino de las deudas hipotecarias de quienes los perdieron, deja a sus ciudadanos en un limbo que puede prolongarse meses. La solidaridad vecinal y los voluntarios cubren lo urgente; lo estructural —en todos los sentidos de la palabra— sigue esperando.
