Ante la Comisión Quinta del Senado, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, presentó la radiografía de su cartera y de lo que recibió de la pasada administración encabezada por Gustavo Petro. El centro de su balance no fue solo el tamaño del presupuesto, sino el uso que se le dio al dinero público.
Dangond destacó que durante la anterior administración hubo una asignación presupuestal destinada al agro de 22,6 billones de pesos. Dijo que esa cifra superó la suma de lo ejecutado por los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque, que entre los dos alcanzaron 42 billones de pesos durante una década.
Pese a ese aumento de recursos, el balance expuesto ante el Senado apunta a una ejecución baja y a un impacto limitado sobre la productividad del campo. Según el ministro, también hubo falencias en la entrega de tierras y en la formalización de proyectos.
En su reporte, Dangond señaló que la participación del sector agropecuario en el PIB nacional se mantuvo estancada alrededor del 3%. Agregó que el área cultivada por pequeños productores apenas aumentó aproximadamente 400.000 hectáreas, mientras que los cultivos ilícitos registraron un crecimiento mayor. La importación de alimentos fue de 16 millones de toneladas.
La escena lo dice todo: una cartera con más presupuesto, pero con resultados que no despegan. Para un sector que depende de reglas claras, tierra formalizada y crédito productivo, el dato importante no es solo cuánto se giró, sino qué cambió en la vida del productor.
El frente de tierras mostró otra brecha entre meta y resultado. De una proyección de 1,5 millones de hectáreas para entrega a productores, la Agencia Nacional de Tierras solo entregó 99.477 hectáreas, lo que equivale a un avance del 6,6% de la meta.
También hubo rezago en la formalización. De 3,9 millones de hectáreas como objetivo, apenas se logró el 41%, con un pendiente de 19.256 títulos, correspondientes a cerca de 714.000 hectáreas.
Dangond fue más allá y sostuvo que en la administración anterior se «engañó a la gente» con la entrega de predios, porque se adquirieron fincas «sin papeles y desnudas». Con esa expresión describió tierras sin saneamiento de títulos, sin paquetes tecnológicos, sin capacitación ni créditos productivos vinculados.
En el corazón del problema aparece otro dato que revela la trastienda administrativa. Según el balance del funcionario, la exministra Martha Carvajalino dejó 25 asesores con honorarios mensuales individuales de 12 millones de pesos. Dangond consideró esa carga innecesaria y la calificó como una irresponsabilidad con los productores rurales.
El senador Juan Espinal, del Centro Democrático, añadió que había 18 asesores con sueldos superiores a 16 millones de pesos, entre ellos una pastora contratada para prestar «servicios espirituales». En el debate sobre gasto público, esos nombres y esos montos no son un detalle menor: muestran cómo se distribuye el dinero estatal dentro de la propia burocracia.
A eso se sumó el crecimiento de la planta de contratistas en la Agencia Nacional de Tierras. Según los datos presentados por la directora de la ANT, Lina Garrido, la entidad pasó de 692 contratistas en 2022 a 1.698 en 2026. Solo entre el 1 de enero y el 7 de agosto de 2026, se suscribieron contratos de prestación de servicios por más de 114.000 millones de pesos, dijo la funcionaria.
Dangond también relató que el 8 de agosto debió ingresar con la Policía a la Agencia de Desarrollo Rural para frenar actuaciones del director saliente, César Pachón, realizadas en fin de semana. Según el ministro, ese tipo de práctica fue prohibida por el Consejo de Estado. Con esa intervención, aseguró, evitó la realización de convenios por montos entre 190.000 millones y 292.000 millones de pesos.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Lo que asoma no es solo una disputa entre administraciones, sino el choque entre dos formas de entender el Estado: una que promete transformación con más gasto y otra que exige verificación, control y resultados medibles.
La lectura de fondo es incómoda para cualquier gobierno que se reivindique como defensor del campo: si el presupuesto crece, pero la productividad no cambia, el campesino no gana poder ni libertad económica; gana más trámites, más intermediarios y más burocracia.
Y cuando la discusión se concentra en asesores, contratistas y convenios frenados a tiempo, el mensaje político es claro: el dinero de los contribuyentes necesita rendir en tierra fértil, no perderse en la trastienda administrativa. En el agro, como en todo sector donde el Estado promete mucho, el estándar no debería ser el tamaño del anuncio, sino el resultado visible sobre el terreno.
