La escena lo dice todo. Un martes en Medellín, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscales y expertos se sentaron a hablar de lo que los números ya no pueden disimular: los despachos judiciales de la capital antioqueña están al borde del colapso, y la razón principal son los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
El dato que abrió el conversatorio fue contundente. Carlos Roberto Solórzano Garavito, presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, reveló que «el 60% de los asuntos que nosotros estamos tratando tienen que ver con violencia intrafamiliar y delitos sexuales en menores de edad». No es una cifra aislada: el fiscal Andrés Gutiérrez, quien lidera en Medellín el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Fiscalía General de la Nación, confirmó el mismo rango y lo amplió: «En Medellín, del 60% al 65% de la carga de cada despacho penal de circuito, de cada juzgado de conocimiento, es delitos sexuales».
«Esto abruma», advirtió Gutiérrez. Y no solo se refería a la Fiscalía.
Los detalles cuentan la historia. Detrás de ese porcentaje hay una transformación profunda en las dinámicas de explotación sexual que, según el fiscal, se ha acelerado en los últimos años. Los delitos ya no ocurren únicamente en las calles o en el interior de las familias: han migrado a plataformas digitales y redes sociales donde adultos —incluso desde el exterior del país— crean perfiles falsos para abusar de menores o para obtener material audiovisual de abuso sexual infantil. La vigilancia de esos entornos es incomparablemente más difícil.
Frente a ese escenario, Gutiérrez destacó la colaboración de la Fiscalía y otras autoridades de Medellín con agencias internacionales como el HSI (Homeland Security Investigations), Interpol y el FBI. Una alianza que, según el funcionario, resulta de vital importancia para perseguir a agresores que operan desde fuera del país.
El magistrado Solórzano Garavito añadió otro elemento perturbador: en muchos de los casos que llegan a los despachos, los menores han sido victimizados por su propia familia. La violencia, en esos expedientes, no tiene cara de extraño.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El conversatorio también sirvió para señalar un nudo procesal que agrava la congestión. Solórzano Garavito alertó sobre requisitos legales establecidos en la Ley 2472 que están obligando a que todos los casos vayan a juicio oral. El efecto es doble: los despachos se saturan aún más y, en ocasiones, la Fiscalía no logra condenas por falta de recursos para sostener tantos juicios. El fiscal Gutiérrez fue más lejos y propuso la creación de una justicia especial para niños, niñas y adolescentes que permita atender estos casos con mayor eficiencia y especialización.
La propuesta no es menor. Implica reconocer que el sistema general ya no da abasto.
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Lo que emerge del conversatorio de Medellín es una radiografía del fracaso acumulado del aparato estatal para proteger a sus ciudadanos más vulnerables. Cuando seis de cada diez expedientes en un sistema judicial corresponden a agresiones contra menores, el problema ya no es de recursos ni de procedimientos: es de prioridades. Un Estado que destina su escasa capacidad judicial a gestionar una epidemia de abuso infantil en lugar de prevenirla es un Estado que llegó tarde —y que sigue llegando tarde.
La propuesta de una jurisdicción especializada para la niñez merece debate serio, pero ninguna reforma procesal resolverá el problema de fondo si no va acompañada de más fiscales, más jueces y, sobre todo, de una política de prevención que no dependa únicamente de la denuncia y el juicio oral. El libre mercado de soluciones institucionales exige competencia entre ideas; lo que no puede seguir compitiendo es la burocracia judicial con el reloj de los menores que esperan justicia.
