Los números hablan solos. El presupuesto proyectado para la Autoridad Nacional de Descentralización en 2027 asciende a $296,4 millones, un 50,1% más que el asignado en el ejercicio actual. La cifra, por sí sola, podría leerse como una señal de compromiso con el acercamiento del Estado a las comunidades. El problema es el contexto que la rodea.
Las investigaciones sobre lo que se ha denominado la «descentralización paralela» —el entramado de contratos, intermediarios y estructuras políticas que canalizaron fondos públicos durante el período 2019-2024— ya suman 99 imputados, según consigna La Prensa de Panamá. La mayoría de los señalados aparecen vinculados a esas estructuras políticas de la administración anterior. El expediente judicial, en otras palabras, todavía está abierto mientras el presupuesto del organismo encargado de distribuir recursos a municipios y juntas comunales se prepara para crecer a un ritmo que pocos ministerios igualan.
La escena lo dice todo. Panamá enfrenta una disyuntiva que no es nueva pero que adquiere urgencia particular: cómo transferir recursos al territorio sin que esos recursos se conviertan, una vez más, en combustible electoral. La respuesta institucional hasta ahora no termina de convencer.
El detalle que más inquieta no viene del Ejecutivo, sino de la Asamblea Nacional. Una reforma al Reglamento Interno del Legislativo buscaría facultar a los diputados para gestionar directamente obras y proyectos. Si prospera, el mecanismo reproduciría en el nuevo ciclo exactamente la lógica que produjo los 99 imputados del ciclo anterior: recursos públicos administrados por operadores políticos con incentivos electorales, sin la distancia institucional que exige cualquier sistema serio de contratación pública.
Descentralizar es, en principio, una política correcta. Acercar la administración a las comunidades, permitir que los municipios respondan con rapidez a sus necesidades reales, reducir la dependencia de una burocracia centralizada que tarda meses en aprobar una obra de drenaje: todo eso tiene sentido. El argumento no está en disputa. Lo que está en disputa es si Panamá ha construido los controles que hacen posible esa descentralización sin que degenere en reparto clientelar.
Los detalles cuentan la historia. Un aumento presupuestario del 50,1% en un organismo que distribuye fondos a estructuras locales, en el año previo al arranque de la campaña hacia las elecciones de 2029, con una reforma legislativa que ampliaría el papel de los diputados en la gestión de proyectos: cada pieza, tomada por separado, puede tener justificación técnica. Juntas, forman un patrón que la experiencia reciente obliga a mirar con lupa.
Para entender el presente hay que volver a esa semana en que los primeros imputados de la «descentralización paralela» comenzaron a declarar. Lo que emergió no fue la historia de funcionarios corruptos actuando en solitario, sino la de un sistema diseñado para que el dinero del contribuyente fluyera hacia donde lo necesitaban las redes políticas, no donde lo necesitaban las comunidades. Ese sistema no se desmonta con buenas intenciones; se desmonta con auditorías independientes, contratos públicos verificables y rendición de cuentas que tenga consecuencias reales.
Desde la línea editorial de Hemisferio, el principio es simple: el dinero público no pertenece a los diputados ni a los partidos, pertenece a los contribuyentes que lo generaron. Cualquier arquitectura institucional que ponga esos fondos bajo la discreción de operadores electorales —sin importar el nombre técnico que se le dé al mecanismo— es una transferencia de riqueza desde los ciudadanos hacia las maquinarias políticas. El gobierno de Mulino tiene aquí una oportunidad y una responsabilidad simultáneas: demostrar que el aumento de recursos viene acompañado de controles proporcionales, o arriesgarse a que el próximo ciclo judicial comience con los mismos actores y los mismos expedientes, apenas con fechas distintas.
