La Mesa del Senado salió este martes a fijar posición frente al desafuero del senador Miguel Ángel Calisto, en una señal política que buscó ordenar la trastienda institucional mientras avanza una causa que involucra $105 millones.
La corporación manifestó su respeto por la resolución de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que acogió de manera unánime la solicitud presentada por el Ministerio Público. Al mismo tiempo, recalcaron que esa decisión no constituye una sentencia sobre la culpabilidad o inocencia del parlamentario.
El nombre de Calisto quedó en el centro de la escena después de que la Fiscalía Local de Coyhaique lo acusara por delitos reiterados de fraude al Fisco. Según la investigación, entre 2018 y 2022, cuando era diputado, se habría concertado con Roland Cárcamo y Carla Graf para recibir recursos del Congreso Nacional por falsas asesorías pagadas como asignaciones parlamentarias.
Calisto anunció que apelará la resolución ante la Corte Suprema. En paralelo, la presidenta de la corporación, Paulina Núñez, y el vicepresidente, Iván Moreira, difundieron una declaración pública en la que insistieron en que el caso se enmarca en un procedimiento establecido por la Constitución y las leyes.
«Manifestamos nuestro pleno respeto por la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en el ejercicio de sus atribuciones y en su calidad de órgano autónomo e independiente», señalaron.
La Mesa también buscó despejar cualquier efecto administrativo inmediato. Afirmó que la situación judicial de Calisto no afectará el funcionamiento del Senado, que seguirá operando normalmente tanto en la Sala como en sus comisiones, con su calendario legislativo y las materias en tramitación.
Ese dato importa más allá del caso puntual. En una institución que administra poder político y dinero de los contribuyentes, la señal que manda la Mesa es que el aparato legislativo seguirá andando mientras la justicia avanza por su carril. La escena lo dice todo: el Congreso intenta blindar su continuidad formal, pero no puede esquivar el costo reputacional de una causa que apunta al uso de recursos públicos.
Núñez y Moreira cerraron su declaración reafirmando el compromiso de la corporación con «la probidad, la transparencia y el buen uso de los recursos públicos», además de subrayar que las instituciones deben ejercer sus funciones con autonomía y responsabilidad.
Para entender el presente hay que volver a esa semana en que la Corte acogió la solicitud por unanimidad. El desenlace judicial todavía no llega, pero el marco ya cambió: el caso de Calisto dejó de ser un asunto interno y pasó a tensionar, otra vez, la relación entre privilegios políticos, control institucional y confianza pública.
En esa tensión hay una lección incómoda para toda la clase política. Cuando se administran recursos del Estado, la vara no puede ser la conveniencia del momento ni la defensa corporativa, sino la probidad efectiva. Los detalles cuentan la historia: si la acusación prospera o no, será la justicia la que lo determine; pero el costo de que el sistema tenga que explicarse por el uso de fondos del Congreso ya está sobre la mesa.
