La escena lo dice todo. Días después de que la gobernadora demócrata Mikie Sherrill admitiera que un fallo de software del sistema de vehículos motorizados había inscrito a unos 6.600 no ciudadanos en los padrones electorales del estado —y que alrededor de 400 de ellos llegaron a emitir votos en al menos una elección— un juez federal desestimó la demanda del Departamento de Justicia para obtener esa misma base de datos sin redactar.
El fallo lo firmó el juez de distrito Zahid Quraishi, designado por el expresidente Joe Biden. Su decisión convierte a Nueva Jersey en la derrota número 18 consecutiva del DOJ en tribunales de distrito en su campaña nacional por acceder a los registros electorales estatales completos. Un tribunal de apelaciones ya había sumado otra derrota anterior.
El argumento jurídico
Quraishi resolvió el caso sin argumentos orales, en una decisión de 17 páginas. El DOJ había demandado a Nueva Jersey en febrero bajo el Título III de la Ley de Derechos Civiles de 1960, que obliga a los funcionarios electorales a conservar los registros federales durante 22 meses y a ponerlos a disposición del fiscal general.
El juez rechazó esa lectura. «El texto del Título III aplica únicamente a los registros que 'llegan a' la posesión de los funcionarios electorales», escribió Quraishi, «y por tanto no se extiende a la lista de registro de votantes computarizada de Nueva Jersey, un documento que el propio estado creó». El magistrado calificó de «insostenible» la posición del DOJ porque, mientras el Título III exige preservar los registros sin alteraciones, otras leyes federales obligan a los estados a actualizar continuamente sus bases de datos. «Sencillamente, esto crea un conflicto», concluyó.
Quraishi también señaló que el escándalo de los registros ilegales «no tiene relevancia» sobre si el DOJ puede forzar legalmente a Nueva Jersey a entregar su base de datos en vivo.
El contexto que el fallo no borra
La ironía jurídica no elimina los hechos políticos. Sherrill reconoció la semana pasada que el error de software de la Comisión de Vehículos Motorizados introdujo no ciudadanos en los padrones entre junio de 2023 y junio de 2024. El Departamento de Seguridad Nacional, a través del senador Markwayne Mullin, elevó la cifra: sus hallazgos preliminares indican que Nueva Jersey tendría 15.903 no ciudadanos en sus listas. El DOJ ya abrió una investigación separada sobre los 6.600 registros improcedentes y los 400 que votaron.
Además, esta semana trascendió que aproximadamente 75.000 no ciudadanos habían sido convocados para servicio de jurado a través de bases de datos estatales, lo que amplió la controversia más allá de la Comisión de Vehículos Motorizados.
Sherrill rechazó el martes la solicitud del DOJ de información identificatoria sobre los afectados, calificándola de carente de «base legal». La fiscal general adjunta Harmeet Dhillon, jefa de la División de Derechos Civiles, respondió sin rodeos: «Todo lo que estás protegiendo son votantes ilegítimos que anularon los votos de los propios ciudadanos de tu estado, en violación de la ley federal».
El abogado Marc Elias, que representó a los demandantes intervinientes en el caso y trabajó para la campaña presidencial de Hillary Clinton en 2016, publicó una declaración tras el fallo: «Todavía no me cansé de ganar».
El DOJ anunció que apelará de inmediato. «Estamos en desacuerdo con la decisión del tribunal y apelaremos», dijo un portavoz a The Washington Examiner.
Lo que está en juego
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El estado de Nueva Jersey reconoció un fallo sistémico que puso papeletas en manos de personas sin derecho a votar, y acto seguido su gobernadora bloqueó la inspección federal invocando la privacidad de esos mismos registros. El tribunal le dio la razón en lo técnico: el Título III, redactado en 1960, no contemplaba bases de datos dinámicas del siglo XXI.
Pero la victoria procesal no resuelve la pregunta de fondo: ¿quién verifica que los padrones estén limpios cuando el estado que los administra se niega a mostrarlos? El aparato estatal de Nueva Jersey ha ganado 18 batallas legales mientras el DOJ acumula derrotas en los tribunales de distrito. El contribuyente —y el votante ciudadano cuyo sufragio fue diluido, según los propios números del estado— sigue sin respuesta.
