La escena lo dice todo. Un panel federal quedó empatado 8-8 y la decisión sobre el futuro del estatus de la American Bar Association (ABA) como acreditadora quedó en manos del Departamento de Educación de Trump. Por el empate, la resolución pasó al subsecretario de Educación Nicholas Kent, que tiene hasta 90 días para decidir si revoca el monopolio de acreditación de la ABA sobre unas 200 facultades de derecho en todo el país.
Según un portavoz del Departamento de Educación, el personal ya había recomendado quitarle a la ABA su condición de «gatekeeper» tras encontrar que el grupo estaba fuera de cumplimiento con «más de 26 criterios de reconocimiento». Ese hallazgo se produjo después de lo que la agencia describe como docenas de fallas de cumplimiento federal.
El asunto no es menor. La ABA funciona como acreditador de referencia para las facultades de derecho y, según el panel citado por Fox News Digital, la discusión giró en torno a si la organización está estructurada de un modo compatible con las reglas federales. Jay Greene, presidente del National Advisory Committee on Institutional Quality and Integrity (NACIQI), dijo que el problema central fue que el organismo acreditador «claramente no es separado e independiente de la ABA en su conjunto».
Greene explicó que la ley federal exige que los acreditadores institucionales operen de manera independiente de las asociaciones gremiales. También señaló que, en el comité, hubo acuerdo en que esa estructura era un problema que requería cambios. La diferencia, dijo, estuvo en si la ABA estaba dispuesta y era capaz de corregirlo.
La propia ABA salió a defender su historial. Melissa Hart, presidenta del Consejo de Acreditación de la ABA, dijo que el organismo ha sido reconocido de manera continua por el Departamento de Educación desde 1952 y que ha sido encontrado en cumplimiento en cada ciclo regular de reconocimiento durante los últimos 74 años. También afirmó que la ABA toma «muy en serio» la acreditación y su papel como autoridad confiable para acreditar programas de J.D.
La defensa refleja el tamaño de lo que está en juego. Si el Departamento de Educación avanza contra la ABA, no solo se moverá una pieza técnica del sistema universitario. Se tocará una estructura que concentra poder sobre la entrada a una profesión clave y que, según sus críticos, opera como un filtro cerrado antes que como una garantía neutral de calidad.
Desde la trastienda política, el caso revela una tensión más amplia entre burocracias de larga data y un Ejecutivo que quiere revisar quién controla los permisos de acceso. Para el lector, el punto es claro: cuando un solo sello decide quién entra y quién no a 200 facultades de derecho, el costo del error no lo paga solo una institución. Lo pagan los estudiantes, las universidades y, al final, la competencia en una profesión que debería regirse por reglas claras y no por un monopolio opaco.
Los detalles cuentan la historia. Aquí no se discute solo una acreditación; se discute si una asociación privada puede seguir funcionando como guardiana casi exclusiva de un mercado educativo regulado por el Estado. Si el Departamento de Educación confirma las objeciones, el mensaje será que ese poder ya no puede darse por sentado. Si la ABA conserva su estatus, el aparato seguirá intacto por ahora, pero bajo una sospecha difícil de desactivar: que la puerta de entrada a la abogacía está demasiado concentrada en manos de unos pocos.
