Sometido por años a una lógica de presión política, el techo de deuda vuelve a asomar en Washington con una posibilidad poco habitual: que la próxima crisis no termine en otro acuerdo de último minuto, sino en su desaparición o en una reforma profunda.
La discusión se abre con un dato central. Sometido por el Congreso, el límite de endeudamiento no autoriza nuevo gasto ni decide cuánto se pide prestado en primer lugar. Solo fija un tope a la capacidad del Tesoro para financiar obligaciones ya aprobadas por legisladores que, después, usan ese mismo límite como palanca de negociación.
Según la nota, el Gobierno de Estados Unidos volverá a topar con ese techo en 2027. La fecha exacta no está cerrada: una proyección sitúa la ventana entre fines del invierno y mediados del verano. Una vez alcanzado el límite, el Tesoro puede seguir operando durante algunos meses con reservas de caja y «medidas extraordinarias» hasta llegar a la llamada fecha X, cuando ya no podría cumplir a tiempo con todas sus obligaciones.
Esa secuencia no es nueva. En 2011, los republicanos en la Cámara usaron el límite de endeudamiento para forzar a Barack Obama a aceptar un acuerdo que impuso topes de gasto y creó un proceso bipartidista para buscar más reducción del déficit. El desenlace fue áspero: el país quedó cerca del default y después llegó la primera rebaja de la deuda del Gobierno de Estados Unidos.
Doce años después, volvió a repetirse el pulso. En 2023, el acuerdo negociado por Kevin McCarthy y Joe Biden recortó durante dos años el gasto discrecional, anuló más de 27.000 millones de dólares en ayuda pandémica no gastada y 1.400 millones de dólares de financiación para el IRS, y endureció los requisitos de trabajo para algunos beneficiarios de SNAP. A cambio, Biden obtuvo una suspensión del techo de deuda hasta fines de 2024. El pacto fue estimado en una reducción del déficit de alrededor de 1,5 billones de dólares en una década, pero también elevó temporalmente los costos de endeudamiento a corto plazo y provocó otra rebaja crediticia.
El nuevo giro es político. Trump ha pedido repetidamente eliminar el techo de deuda y, según sus propias publicaciones, dice que debería ser «enterrado por completo» para evitar una catástrofe económica. Eso lo coloca en contra de gran parte de su partido, pero en línea con un número significativo de demócratas.
Brendan Boyle, el principal demócrata en el Comité de Presupuesto de la Cámara, ve allí una oportunidad. Dice que no votará para simplemente patear el problema otros 18 meses y que su próximo voto sobre el techo de deuda solo será para reformarlo de manera permanente. Para Boyle, la meta es terminar de una vez con la disfunción.
Si los demócratas ganan la Cámara, Boyle quedaría prácticamente asegurado como presidente del comité que supervisa esas votaciones. Su propuesta no elimina del todo el mecanismo, pero traslada en gran medida la responsabilidad de elevarlo al secretario del Tesoro, que podría suspenderlo hasta por dos años. El Congreso conservaría la facultad de bloquear esas suspensiones mediante una resolución conjunta que tendría que firmar el presidente.
Boyle asegura que su iniciativa, presentada como Debt Ceiling Reform Act en 2023, ya ha despertado apoyos de ambos partidos. Afirma que varios republicanos de la Cámara le han dicho en privado que quieren resolver el problema porque están hartos de votar sobre él.
La Casa Blanca no respondió a si Trump estaría dispuesto a trabajar con demócratas para eliminar o reformar el techo de deuda.
Para entender el presente hay que volver a esa semana de 2011 y a la de 2023. En ambas, el mecanismo funcionó como una herramienta de presión que puso al país cerca del precipicio y le costó más a la economía que al aparato político que lo usa. La escena lo dice todo: no se trataba de financiar nuevos programas, sino de jugar con la capacidad del Estado para pagar lo que ya aprobó.
Si la próxima ronda rompe ese patrón, el beneficio no será partidista sino institucional. Menos dependencia de la amenaza de default significa menos poder para la trastienda del Capitolio y más previsibilidad para quienes pagan la factura en forma de tasas, incertidumbre y riesgo país. El principio en juego es simple: un sistema de finanzas públicas no debería necesitar una ruleta política cada vez que se aproxima a su propio límite.
