La familia de Renee Good, la estadounidense fallecida tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante la campaña migratoria ordenada por el presidente Donald Trump en enero, demandó este jueves al gobierno federal por homicidio y uso excesivo de la fuerza.
Brent Ganger, hermano de Good, presentó dos demandas, una de ellas de casi 150 páginas, en representación de Renee y de Rebeca Good, la esposa de la víctima. En la primera acción legal, presentada contra Estados Unidos, se alega la muerte «ilícita» de Renee Good, además de «agresión, detención ilegal, imposición intencional de daño emocional y negligencia». Los demandantes solicitan un juicio ante un juez y no ante un jurado.
En la segunda demanda se cita a Jonathan Ross, el agente de ICE que disparó; a Tom Homan, «zar de la frontera» de la Casa Blanca; a Stephen Miller, asesor de Trump al que la fuente describe como arquitecto de sus políticas antiinmigración; y a Kristi Noem. La familia acusa a Ross de disparar tres veces contra Good cuando ella intentaba alejarse lentamente en su vehículo y de negar atención médica después de los disparos.
La demanda también denuncia discriminación y perfilamiento racial. Además, acusa a los agentes federales de uso excesivo y letal de la fuerza, así como de detenciones ilegales sin sospecha razonable durante la Operación Metro Surge, ordenada por la Casa Blanca pese al rechazo de las autoridades locales y estatales.
Otro de los señalamientos apunta a la Administración de Trump por perseguir, intimidar, detener y forzar enfrentamientos con vecinos, observadores legales y periodistas que filmaban o alertaban sobre la presencia de ICE. Brent Ganger exigió, en un comunicado recogido por organizaciones y medios, que se rindan cuentas y sostuvo que la muerte de su hermana no representa los valores de Estados Unidos.
Good, de 37 años, murió el 7 de enero en Mineápolis tras recibir tres disparos por parte de un agente de ICE mientras protestaba contra la presencia del cuerpo en la ciudad. Después de su muerte se desató una oleada de protestas contra la actuación de los agentes migratorios. En ese contexto, Alex Pretti, también de 37 años, murió en la misma ciudad tras recibir varios disparos de otros oficiales mientras protestaba contra su presencia.
La escena lo dice todo. Una operación migratoria concebida desde la Casa Blanca terminó en una demanda por homicidio, uso excesivo de la fuerza y detenciones ilegales. Cuando el aparato estatal se estira hasta el borde de la legalidad, el costo no lo paga la burocracia: lo pagan ciudadanos, familias y el orden institucional que dice proteger.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El giro de este caso no está solo en la muerte de Good, sino en el choque entre una política federal agresiva y autoridades locales y estatales que rechazaron la operación. Ahí se juega algo básico: el derecho a que la fuerza del Estado tenga límites claros, responsabilidad individual y rendición de cuentas.
