La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, se reunió con Rosa Icela Rodríguez y Mario Delgado Carrillo para revisar los avances del Plan Integral de la Zona Oriente, una estrategia que contempla acciones en 10 municipios mexiquenses.
El encuentro fue encabezado por Rosa Icela Rodríguez y contó con la participación de representantes de los gobiernos federal, estatal y municipal. En la mesa estuvieron los temas de salud, educación, abasto de agua y la disponibilidad de terrenos para construir preparatorias.
Los municipios incluidos en el plan son Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco Solidaridad. La propia Delfina Gómez informó en redes sociales que la reunión tuvo como propósito evaluar la implementación de la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con lo expresado por la mandataria estatal, los temas revisados incluyeron servicios de salud, educación y agua, además de la búsqueda de predios para nuevos planteles de educación media superior. También participó Armando Quintero Martínez, titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.
Por parte del gobierno mexiquense asistieron Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno; Óscar Flores Jiménez, secretario de Finanzas; Mónica Chávez Durán, oficial mayor; Miguel Ángel Hernández Espejel, secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; Carlos Jesús Maza Lara, secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura; José Arnulfo Silva Adaya, secretario del Agua; Celina Castañeda de la Lanza, secretaria de Salud, y Juan Hugo de la Rosa García, secretario de Movilidad.
Para entender el presente hay que volver a esa semana: el gobierno puso sobre la mesa una lista de necesidades básicas en una región que, según el propio planteamiento oficial, requiere atención prioritaria. La escena lo dice todo. No se habló de grandes anuncios rimbombantes, sino de servicios elementales que dependen de coordinación, ejecución y dinero público.
Ese es el giro real del caso. Cuando el Estado se reúne para revisar agua, escuelas y salud, la pregunta central no es política sino de resultados. Si el Plan Integral funciona, habrá un beneficio directo para las familias de esos 10 municipios; si se queda en revisión permanente, el costo recae otra vez sobre los contribuyentes y sobre una zona que lleva años esperando infraestructura básica.
El desenlace todavía no está escrito, pero la trastienda sí muestra una prioridad clara: convertir promesas en obras y dejar de administrar el rezago como si fuera normalidad. En una región marcada por carencias, cada retraso pesa más que cada discurso.
