Un déficit cercano a $960.000 millones tiene en vilo la salud de las Fuerzas Militares y de sus familias. La cifra, asociada al sistema de sanidad militar, aparece en un momento en que el Gobierno busca recortar gastos en varias entidades y promete ordenar las cuentas públicas.
Según informó Noticias RCN, el monto correspondería a la deuda proyectada con corte al 31 de diciembre de 2026. En el reporte, el déficit priorizado —es decir, el urgente de cubrir— ascendería a casi un billón de pesos. Eso comprometería la atención en salud de los uniformados y sus allegados.
El documento señalado en la información también plantea que se habría ejecutado cerca del 60% del presupuesto, pero que gran parte de los recursos habrían quedado comprometidos por el gobierno de Petro. Además, entidades como la Caja de Retiro de las FF. MM. habrían pedido una adición presupuestal para cubrir gastos de funcionamiento.
En paralelo, ante el Ministerio de Hacienda se habría gestionado una modificación por $22.606 millones, destinada principalmente a personal y operación. La preocupación no se limita al sistema militar: desde la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes también habrían expresado alarma por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, que enfrentaría un déficit de más de $809.000 millones.
La escena lo dice todo. Mientras se discute cómo ajustar el gasto, el sector defensa aparece atrapado entre obligaciones crecientes y una caja que no alcanza. El problema no es solo contable: cuando el dinero no cuadra, el servicio termina sintiendo el golpe.
El representante Simón Molina, del movimiento Creemos, dijo que «el gobierno de Abelardo de la Espriella recibió un presupuesto mal hecho, mal elaborado y falso del gobierno de Gustavo Petro. Además, se notan los malos manejos del tema fiscal en el país». Por su parte, el gobierno De la Espriella ha dicho que recibió un presupuesto «mal hecho y falso» del gobierno de Petro, lo que agravarÍa la situación fiscal del sector defensa y de otros.
La discusión llega en un contexto marcado por el aumento de la presencia de grupos armados ilegales tras la fallida política de «paz total». Según un informe de la Fundación Ideas para la Paz, los grupos criminales crecieron un 90% en el marco de esa política. En el mismo entorno, la Contraloría ha calculado cerca de 1,16 billones asociados a posibles detrimentos patrimoniales en los recursos destinados a la implementación del Acuerdo de Paz y a la política de paz total.
El nuevo gobierno ha prometido priorizar la seguridad. Esa promesa, sin embargo, tendrá una prueba concreta en el sistema de salud de quienes integran las Fuerzas Militares y de sus familias. No basta con declarar una prioridad: hay que financiarla.
Los recortes y la falta de plata también aparecen en otras entidades. Es el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz, de la que el Gobierno quiere trasladar $100.000 millones hacia la justicia ordinaria, concretamente al Consejo Superior de la Judicatura. Además, otras entidades tendrían reducciones en inversiones frente a 2026, incluidas la Presidencia y los ministerios de Minas y Energías, Deporte y Agricultura, entre otros.
Las Comisiones Económicas del Congreso ya aprobaron el monto global de $634,9 billones para el Presupuesto General de la Nación de 2027, mientras el Gobierno De la Espriella pretende recortar $45 billones mediante su propuesta de Ley de Rescate Económico o Ley de Ajuste Fiscal.
Para entender el presente hay que volver a esa semana: cuando un presupuesto mal armado deja de ser una discusión técnica y se convierte en una amenaza para servicios esenciales. En este caso, el dinero de los contribuyentes vuelve a mostrar su fragilidad frente a la mala planeación y a la presión de un aparato estatal que promete más de lo que puede sostener.
El desenlace dependerá de si el nuevo gobierno corrige el desorden o si termina administrando la escasez. En el caso de la sanidad militar, lo que está en juego no es una abstracción: es la atención de quienes cargan con una responsabilidad central del Estado.
