El Gobierno anunció nuevas restricciones aduaneras para el ingreso de maquinaria amarilla, partes de drones y precursores químicos, en una medida presentada como un golpe directo a las economías criminales. El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, y el director de la Dian, Andrés Felipe Velásquez, hicieron el anuncio con el argumento de que esos insumos y equipos están siendo aprovechados por grupos criminales.
La escena lo dice todo. En el centro de la decisión está la pelea por el control de la frontera económica: qué entra, por dónde entra y quién se beneficia cuando esos bienes terminan en manos de redes ilegales. El Gobierno dijo que la maquinaria amarilla ha afectado varios territorios por su uso en minería ilegal, y que también se está restringiendo el ingreso de partes de drones y de precursores químicos usados por grupos armados.
De La Espriella afirmó que la corrupción, el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal son los cuatro «cánceres» del país y que los combatirá «de frente y con total determinación, caiga quien caiga». También dijo que «se acabó la vagabundería» y que el Estado está decidido a atacar ese «flagelo».
Según Velásquez, mediante un acto administrativo se restringirán los lugares de ingreso de maquinaria amarilla y las partes con las cuales se pueda fabricar. De La Espriella precisó que ahora solo se podrá importar maquinaria amarilla a través del puerto de Cartagena y Bogotá. Velásquez añadió que, en igual medida, se restringe el ingreso de partes de drones y de elementos como precursores químicos.
El Gobierno también informó que, por primera vez, las seccionales de la Dian en puertos y fronteras serán lideradas por oficiales de la Fuerza Pública en articulación con agencias de los Estados Unidos. De La Espriella dijo que todo el que se preste para el contrabando terminará «enredado en procesos judiciales en otros países», porque existe cooperación internacional.
En el balance que presentó, el mandatario resaltó que en el primer mes de Gobierno se ha incautado mercancía por más de 30.000 millones de pesos. También afirmó que las mafias del contrabando le quitan al Estado colombiano cerca de 120 billones de pesos al año.
La medida encaja en una idea que, en términos de orden y soberanía, resulta difícil de discutir: si el Estado no controla sus puertos y fronteras, otros lo hacen por él. Y cuando ese espacio queda abierto, el costo no lo paga una abstracción burocrática, sino el contribuyente, la empresa formal y el ciudadano que sí cumple.
Pero el desenlace también muestra otra verdad incómoda: el tamaño del problema revela cuánto poder han acumulado las redes ilegales dentro de la economía real. Si las restricciones funcionan, el beneficio será doble: menos margen para el contrabando y más espacio para la libre empresa que compite sin trampas. Si fallan, el país habrá agregado más controles sin resolver la raíz de la captura criminal del mercado.
