El presidente Abelardo de la Espriella salió este viernes 2 de octubre en defensa de María Carolina Restrepo, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), después de que la funcionaria denunciara ante la Fiscalía General de la Nación presuntas amenazas, injuria y hostigamientos en redes sociales.
La escena lo dice todo. En medio de la discusión pública sobre la gestión de Restrepo y del presupuesto del ICBF, el caso pasó del debate político a una denuncia penal que ahora deberá revisar la Fiscalía.
Restrepo presentó la denuncia el 1 de octubre, después de un debate sobre el presupuesto en el Senado, donde tuvo un cruce con el congresista Duvalier Sánchez. La funcionaria cuestionó además la difusión de videos editados de su intervención y aseguró que, tras esa circulación, aumentaron los mensajes de hostigamiento en plataformas digitales.
Según la directora, entre los hechos denunciados hubo insultos, señalamientos y publicaciones que revelaban sus desplazamientos y su ubicación en tiempo real, incluso en lugares públicos como aeropuertos. En sus declaraciones, Restrepo afirmó:
«Estas dos publicaciones son distintas de la crítica o del insulto. En ellas se divulga el lugar preciso en el que me encontraba y se anuncia, primero por una persona y luego por otra, la intención de acercarse a mí o de verme personalmente. Esa información, difundida ante miles de usuarios en medio de una reacción hostil, me lleva a temer por mi seguridad».
En la acción penal se pidió identificar a los responsables de varias cuentas en redes sociales, entre ellas las atribuidas a «Andrés Pérez Obando», en Facebook, y a «Amalia Andrade A.» y «Shibussan», en X, además de otros perfiles mencionados en la denuncia.
La Fiscalía deberá establecer las circunstancias de los hechos y determinar si las publicaciones configuran conductas sancionadas por la ley. La denuncia señala presuntos delitos de amenazas contra servidores públicos e injuria.
De la Espriella, por su parte, expresó respaldo a la funcionaria a través de su cuenta oficial de X. «Rechazo de manera categórica las amenazas contra la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la doctora María Carolina Restrepo. Ella está combatiendo la corrupción y no voy a permitir que los intentos de intimidación frenen su labor. La doctora Restrepo cuenta con todo mi respaldo. Quien se mete con un funcionario de mi Gobierno se mete con el Tigre», escribió el presidente.
En otro mensaje, vinculó su pronunciamiento con las investigaciones sobre el manejo de los recursos destinados a la atención de niños, niñas y adolescentes. «¡Vamos por todos los corruptos que se roban los recursos del ICBF y les arrebatan a nuestros niños su bienestar y su futuro! Tendrán que responder ante la justicia. ¡Firme por la patria! ¡Que viva Cristo Rey!», agregó.
Mientras avanzan las verificaciones sobre los hechos denunciados por Restrepo, la Fiscalía deberá establecer las posibles responsabilidades relacionadas con las publicaciones en redes sociales. El Gobierno reiteró su respaldo a la directora y su intención de llevar ante las autoridades los casos relacionados con presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
Para entender el presente hay que volver a esa semana: el presupuesto del ICBF, el choque en el Senado y la exposición de datos personales en redes terminaron convertidos en un episodio de seguridad y poder. Los detalles cuentan la historia.
El giro de fondo es claro. Cuando la discusión pública se desplaza desde la rendición de cuentas hacia la intimidación personal, pierde el debate y pierde también el ciudadano que financia el aparato estatal. Si hubo delitos, deben investigarse y sancionarse; si hubo corrupción, también. Pero ningún funcionario debería quedar atrapado entre el ruido de redes y la presión sobre su trabajo.
En una democracia sana, el Estado protege a sus servidores sin blindarlos de la crítica. La diferencia entre cuestionar una gestión y cruzar hacia la amenaza importa, porque allí se juega el límite entre libertad y coacción. Y cuando hay recursos públicos de por medio, ese límite no es menor: define si prevalece la ley o el amedrentamiento.
