El Gobierno de Abelardo de la Espriella enfrentó sus primeras movilizaciones del petrismo, dos meses después de iniciar su mandato. El presidente difundió un video junto al ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora, para presentar el balance de la jornada y defender la respuesta oficial.
La escena lo dice todo. De la Espriella dijo que las manifestaciones fueron «pacíficas en un 98 %» y sostuvo que la gran mayoría de los participantes ejerció su derecho a protestar «de manera pacífica, como corresponde». Según el mandatario, el Gobierno no tiene problema con la marcha pacífica, «con la que no interrumpe la vida, la tranquilidad de los ciudadanos que sí quieren que el país avance hacia adelante».
Pero el mismo balance incluyó la otra cara de la jornada. El presidente advirtió que hubo seis puntos donde la Undmo, la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, tuvo que intervenir: Bogotá, dos en Ibagué, uno en Popayán y uno en Medellín. Sobre esos episodios, dijo que fueron «pequeñas revueltas» y que «tan pronto llegaba el Esmad, se perdían».
De la Espriella también señaló que la «mayor afluencia hoy fue de 62.000 personas», aunque no precisó en qué punto se presentó ese número. A partir de esa cifra, concluyó que «es una pequeña minoría la que quiere parar a Colombia» y que la gran mayoría de los colombianos quiere «desarrollo, progreso, futuro y que el país avance».
El presidente insistió en que habrá «cero tolerancia contra el terrorismo urbano, contra el caos y la violencia». También afirmó que el Gobierno está preparado, «con todas las capacidades y con miembros de la fuerza pública que están dispuestos a defender la libertad, la institucionalidad y la democracia, como corresponde».
En ese mismo balance, De la Espriella informó que hubo seis capturas durante la jornada: tres en Montería, una en Pasto y dos en Ibagué. Dijo que fueron detenidos «en flagrancia cuando cometían actos vandálicos, grafitis, atacar unas estaciones de Transmilenio, vandalizar un bus de Transmilenio».
Mora respaldó el mensaje oficial. Agradeció al presidente por el liderazgo y por su «permanente orientación durante todo este día en el puesto de mando unificado aquí en Bogotá y conectado con los 32 departamentos». También saludó «a toda nuestra fuerza pública, a todos nuestros soldados y policías de la patria».
El mandatario cerró con una advertencia: para la protesta pacífica habrá «todas las garantías», pero si alguien pretende «por la fuerza trastornar la vida del resto de colombianos que sí quieren que Colombia avance», el Gobierno actuará «con todas las leyes y las armas de la República».
La discusión de fondo no es menor: qué tanto puede protestarse sin afectar la vida cotidiana y hasta dónde llega el deber del Estado de imponer orden. En el marco que planteó De la Espriella, la prioridad es proteger a quienes trabajan, producen y se movilizan sin violencia.
Ese énfasis lo coloca en una línea clara frente a la calle: libertad de manifestación, sí; sabotaje, no. Para un Gobierno que recién arranca, el desenlace de estas primeras marchas sirve como prueba de fuerza y también como señal política sobre qué entiende por autoridad. Si el Estado no garantiza el orden, el costo termina pagándolo el ciudadano común, el comercio y la vida económica del país.
