El presidente Abelardo de la Espriella dedicó su alocución de este domingo a una batería de anuncios que ponen el foco en seguridad, corrupción y control del orden público. La intervención, de cerca de una hora, tocó desde el trato a los presos por corrupción hasta la relación con Estados Unidos, la política antidrogas y el manejo de la violencia en universidades públicas.
El mensaje más duro fue contra los condenados por corrupción. De la Espriella planteó revisar los casos de quienes están presos por ese delito para quitarles privilegios. Incluso habló de trasladarlos a cárceles en caso de que estén recluidos en guarniciones militares o estaciones de Policía. «Se acabaron los privilegios para los corruptos», dijo.
En la misma línea, el mandatario defendió la idea de que la corrupción no puede verse como un delito sin víctimas. Enumeró como efectos la comida que no llega a los niños, la educación que se arrebata a jóvenes y los medicamentos que no se entregan por culpa de ese flagelo. El giro del discurso buscó conectar la sanción penal con el daño social concreto que produce el desvío de recursos públicos.
La alocución también volvió sobre la relación con Estados Unidos. De la Espriella habló de los llamados «Acuerdos de Barranquilla», la hoja de ruta que, según dijo, acordó con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tras su visita a la capital del Atlántico la semana pasada. Recordó además la ayuda de más de 26 millones de dólares que ese país ha dado por el terremoto.
En ese contexto, se refirió a la apertura de un consulado de Estados Unidos en Barranquilla, ciudad a la que llama de forma permanente la «capital alterna». Cuando Rubio fue abordado por periodistas durante su visita sobre esa propuesta, dijo que se estudiaría, pero que estaba de acuerdo con la idea.
Otro punto central fue la política contra los cultivos de uso ilícito. El Gobierno ha planteado aplicar aspersión aérea con un herbicida llamado glufosinato de amonio, con el argumento de respetar la jurisprudencia que mantiene suspendido el glifosato desde hace años. De la Espriella habló del tema dos días después de que un juez suspendiera el plan piloto de fumigación aérea con glufosinato en Putumayo.
Sobre ese choque, el mandatario sostuvo que el Gobierno deberá contar con soporte técnico, ambiental, sanitario y territorial, cumplir los procedimientos correspondientes y hacer lo que jurídicamente proceda. Pero luego marcó distancia de una confrontación abierta con el poder judicial. «Pero, cumplidas esas exigencias, la definición y ejecución de la política contra el narcotráfico corresponde a las autoridades constitucionalmente competentes para ello (...) no voy a convertir esto en una pelea del presidente contra los jueces», agregó.
La otra propuesta que generó polémica fue un protocolo nacional para definir la actuación de la Fuerza Pública ante hechos de violencia, vandalismo y terrorismo en universidades públicas. De la Espriella dijo que la Policía Nacional será la primera autoridad operativa encargada de atender estas situaciones y podrá ingresar a los campus cuando se presenten hechos violentos o se estén preparando actos vandálicos o terroristas.
Además, señaló que el protocolo establecerá criterios para diferenciar las manifestaciones pacíficas de situaciones que involucren violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público. La escena lo dice todo: el Gobierno quiere ampliar el margen operativo del Estado en espacios donde hoy pesan la autonomía universitaria y los límites del uso de la fuerza.
Para entender el presente hay que volver a esa semana: la discusión no es solo sobre cárceles, fumigación o campus universitarios, sino sobre hasta dónde llega la autoridad del Ejecutivo cuando decide ordenar el territorio con mano dura. En esa tensión, el principio en juego es claro: seguridad sí, pero sin desbordar las reglas que separan el poder legítimo del abuso burocrático.
También está en juego el costo institucional de cada decisión. Endurecer el trato a corruptos puede responder al reclamo ciudadano por orden y ejemplaridad; abrir la puerta a la Policía en universidades o empujar la aspersión aérea, en cambio, exige un andamiaje jurídico y técnico que no puede improvisarse. El desenlace dirá si el Gobierno logra imponer autoridad sin convertir cada frente de seguridad en una pelea permanente con jueces, campus y contrapesos del Estado.
