La escena lo dice todo. Un presidente recorriendo escombros en el centro de Pereira, negocios destruidos a ambos lados de la calle, y una cifra de muertos que cambia según quién la cuente. Así amaneció Colombia el martes 11 de agosto de 2026, el día después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente y centro del país.
El movimiento telúrico ocurrió el lunes a las 07:34 hora local —12:34 GMT— y tuvo su epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en límites con Valle del Cauca y Risaralda, según el Servicio Geológico Colombiano. La proximidad del epicentro a Risaralda explica por qué esa región concentra el mayor número de víctimas y de inmuebles dañados.
El presidente Abelardo de la Espriella anunció durante una visita a Manizales, capital de Caldas, la activación de un programa de subsidios de arriendo. «Desde el día de ayer se activó por parte del Gobierno nacional un mecanismo para implementar el subsidio de arriendo para cerca de 1.150 familias que perdieron su vivienda en Manizales», declaró el mandatario. En ese departamento, el balance oficial contabiliza seis fallecidos y ninguna persona atrapada bajo los escombros.
El esquema se extiende también a Risaralda, donde las autoridades locales reportan miles de viviendas afectadas o destruidas. «Vamos a otorgar esa posibilidad para que la gente pueda tener un respiro en medio de esta tragedia. A mí se me arrugaba el corazón cuando pasaba por el centro de Pereira y veía todos esos negocios destruidos», dijo De la Espriella tras visitar Pereira, capital risaraldense, donde han fallecido al menos 90 personas.
La agenda territorial del presidente incluyó desplazamientos previos a Quibdó, capital del Chocó, y a Cali, el lunes mismo. El martes sumó Pereira y Manizales. Los detalles cuentan la historia: la recorrida no es solo protocolo; es también el intento de un gobierno de mostrar presencia donde el Estado suele llegar tarde.
Pero hay un número que incomoda. El Gobierno central elevó este martes a 181 la cifra de fallecidos. Las autoridades regionales, en cambio, contabilizan al menos 240 muertos. La brecha —59 personas— no es un detalle menor: es la diferencia entre el relato oficial y la realidad que viven los departamentos. Para entender el presente hay que volver a esa semana: en emergencias de esta magnitud, los gobiernos centrales tienden a consolidar cifras más lentamente que las administraciones locales, que cuentan cuerpo a cuerpo.
El epicentro en el Chocó, uno de los departamentos históricamente más pobres y con menor infraestructura de Colombia, añade una capa de complejidad logística. Quibdó fue la primera parada del presidente, señal de que el Gobierno reconoce que la zona de origen del sismo es también la de mayor vulnerabilidad estructural.
La sismóloga Viviana Dionisio, de la Red Sismológica Nacional de Colombia, explicó a EFE que los sismos de Venezuela responden a «un mecanismo de rumbo» y son «más superficiales», diferenciándolos del evento colombiano, asociado al mecanismo de subducción de placas.
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Lo que está en juego aquí va más allá del rescate inmediato. Un programa de subsidios de arriendo activa el aparato estatal de transferencias directas: dinero de los contribuyentes colombianos canalizado hacia familias que, en muchos casos, ya vivían en condiciones precarias antes del sismo. La pregunta que Hemisferio formula no es si la ayuda es necesaria —lo es, y De la Espriella ha actuado con rapidez visible— sino cómo se ejecutará y con qué controles.
La libre empresa también está entre los damnificados: los negocios destruidos en el centro de Pereira que el propio presidente describió son el tejido productivo de una ciudad mediana. Reconstruirlos exige no solo subsidios de arriendo sino condiciones para que el crédito fluya, los permisos se agilicen y la inversión privada encuentre certeza jurídica. Esa es la prueba que viene, y es más larga y menos fotogénica que un recorrido entre escombros.
