El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, abrió un nuevo frente con los arroceros al pedirles abandonar el cultivo de arroz y apostar por el marañón. La escena ocurrió durante un encuentro con campesinos de La Guajira y el Cesar, en Urumita, donde el funcionario sostuvo que el arroz «ya no es negocio».
«No siembren arroz, no es negocio el arroz. Es muy riesgoso, necesita mucha agua. Siembren marañón, el marañón da rentabilidad por encima del 24%», afirmó Dangond. Su recomendación estuvo dirigida a productores del norte del país, a quienes les planteó que el marañón se adapta mejor a las condiciones de suelo y clima de la región Caribe.
La frase cayó en un momento ya tenso. La relación entre el ministro y los arroceros atraviesa un punto crítico por la crisis de bajos precios y por los efectos del fenómeno de El Niño. El propio texto señala que Fedearroz ha advertido sobre los bajos precios de comercialización registrados durante las cosechas de 2025 y 2026, además de la caída en la productividad asociada a ese fenómeno climático.
La advertencia del ministro también se apoyó en el alto consumo de agua del arroz y en su mayor exposición a fenómenos climáticos como El Niño, que puede reducir la disponibilidad hídrica y afectar la productividad. En esa lectura, el cambio de cultivo aparece menos como una sugerencia agronómica y más como una señal de que el Estado ve al arroz como un negocio debilitado.
Pero el conflicto no se limita a la rentabilidad de una siembra. Durante la asamblea de productores afiliados, realizada el 2 de octubre en la seccional de Valledupar, Dangond volvió a poner el foco sobre el manejo de los recursos de la Federación. El Ministerio ya había anunciado una revisión mediante una comunicación dirigida a la junta directiva.
En ese documento, el ministro ordenó adelantar una revisión rigurosa y con enfoque forense de la ejecución, destinación e impacto de los recursos administrados por la entidad. Según las cifras expuestas por el Ministerio, en los últimos 15 años las subastas de importación de arroz desde Estados Unidos habrían generado cerca de $292.867 millones, mientras que el recaudo de la cuota parafiscal superaría los $259.000 millones. En conjunto, son más de $552.000 millones.
La preocupación, según el Ministerio, es que, pese a esos recursos, los productores sigan enfrentando altos costos de producción, baja productividad e infraestructura insuficiente para responder a riesgos como los fenómenos climáticos. La trastienda del choque es clara: está en discusión si el dinero del sector ha servido para blindar a los productores o si se ha quedado atrapado en una estructura gremial que no logra dar resultados.
Como respuesta, el presidente de la junta directiva de Fedearroz, César Augusto Saavedra, aseguró que el gremio comparte la importancia de administrar con transparencia, responsabilidad y rigor los recursos destinados al desarrollo del sector, una política que, según afirmó, ha mantenido durante sus 80 años de existencia. También manifestó su disposición a que las autoridades competentes realicen las revisiones que consideren necesarias para verificar la destinación y ejecución de los recursos.
Saavedra recordó además que esos fondos ya han estado sometidos a controles de los organismos del Estado. Según Fedearroz, la Contraloría General de la República realiza auditorías anuales sobre la inversión de los recursos, de acuerdo con los cronogramas establecidos por los organismos de control. Además, señaló que la Procuraduría General de la Nación ha realizado revisiones cuando lo ha considerado pertinente.
La escena lo dice todo. De un lado, un ministro que pone en cuestión la viabilidad del arroz y empuja a los productores hacia otro cultivo. Del otro, un gremio que defiende su manejo interno y dice estar sometido a vigilancia estatal. En el centro queda el productor, atrapado entre precios bajos, clima adverso y una señal política que no ofrece alivio inmediato.
Para entender el presente hay que volver a esa semana: el giro del Gobierno no es menor porque afecta decisiones de siembra, expectativas de ingreso y el uso de recursos que, en última instancia, provienen del bolsillo de los consumidores y del aparato parafiscal del sector. Cuando un ministro le dice a un gremio que deje su negocio principal, la discusión ya no es solo agrícola; también es sobre libertad económica, reglas claras y quién carga con el costo del fracaso productivo.
Los detalles cuentan la historia. Aquí no solo está en juego el futuro del arroz, sino el mensaje que recibe el campo: si el Estado considera que un cultivo dejó de ser rentable, la respuesta no puede ser más burocracia ni más choque político, sino condiciones para que el productor compita, invierta y decida con información real. Eso es lo que separa una política agrícola seria de una simple orden desde el poder.
