Durante esta semana, el programa de Estímulos del Ministerio de Cultura de Colombia quedó en el centro de una discusión pública que mezcló titulares, redes sociales y una disputa política entre Yannai Kadamani y Paola Holguín. El debate se concentró en unas convocatorias concretas del ministerio, en especial en la modalidad de premios y reconocimientos del Portafolio del Programa Nacional de Estímulos.
Según Kadamani, es la primera vez en 27 años que la cartera no designará ganadores ni asignará los estímulos económicos correspondientes a esa modalidad. La afirmación puso a circular una pregunta inmediata: ¿se está desmontando el programa o se está viendo, más bien, el resultado de un problema de planeación y caja que viene de antes?
Para entender el asunto, EL COLOMBIANO conversó con Jimena Puyo, consultora en cultura y patrimonio y coordinadora de la Maestría en Gestión Cultural de la Universidad de Antioquia. Puyo dijo que el panorama es desafiante para el sector cultural por la confluencia de restricciones fiscales, deudas heredadas, problemas de ejecución presupuestal y decisiones tomadas durante la administración anterior.
La falta de un empalme entre los dos gobiernos, explicó, agravó la situación. En su lectura, el problema no puede reducirse a un anuncio sobre una modalidad del Programa Nacional de Estímulos, sino que debe mirarse el proceso completo de planeación y alistamiento necesario para cumplir el cronograma. Ese calendario fijaba el 15 de septiembre como fecha límite para tener evaluados y definidos los ganadores.
Puyo insistió en que el debate debe ir más allá de los titulares que presentaron la decisión como un desmonte del programa. A su juicio, hay que revisar cómo se desarrolló la preparación institucional para cumplir con ese plazo, una tarea que, dijo, involucra necesariamente al nuevo gobierno y también al anterior.
En su explicación, las otras modalidades de 2026 —becas, pasantías y residencias— ya habían sido asignadas. Pero incluso ahí apareció otra alerta: la preocupación por la falta de recursos para cumplir con esos pagos. Puyo aseguró que el Ministerio tiene obligaciones pendientes por falta de flujo de caja y que la situación no se limita al Programa Nacional de Estímulos.
Entre los rubros afectados mencionó el programa Artes para la Paz, el Sistema de Formación Artística y Cultural y proyectos relacionados con patrimonio y memoria. El problema, en otras palabras, no tocaría solo una convocatoria, sino varias líneas de gasto que dependen del mismo aparato estatal y del mismo flujo de recursos.
Uno de los elementos que, según Puyo, debería revisarse es la diferencia entre el presupuesto asignado y el presupuesto efectivamente ejecutado. Durante el gobierno de Gustavo Petro, el sector cultura alcanzó niveles presupuestales históricos, con un pico en 2024. Sin embargo, la ejecución de todo el sector ese año fue de 64,5 %, mientras que la ejecución del presupuesto de inversión llegó a 54,8 %, de acuerdo con las cifras citadas por la experta.
Ese dato es clave porque muestra la tensión clásica entre el tamaño del presupuesto y la capacidad real de convertirlo en resultados. Desde la perspectiva de los contribuyentes, no basta con anunciar más recursos: importa que el dinero público se ejecute con eficiencia y llegue a los programas para los que fue aprobado.
Puyo también llamó la atención sobre el crecimiento de la planta de personal del ministerio. Explicó que durante años se mantuvo alrededor de 312 funcionarios. En 2024, mediante un decreto, se crearon 323 nuevos empleos, con lo que la planta pasó de 312 a 635 cargos.
La consultora aclaró que no cuestiona la formalización laboral de personas que antes estaban vinculadas mediante contratos de prestación de servicios. Su preocupación, dijo, está relacionada con el tamaño y la velocidad del incremento de la planta, por el impacto que eso tiene sobre los recursos disponibles para inversión y programas culturales.
También subrayó que los debates sobre los enfoques de las políticas públicas son necesarios, pero deberían darse con argumentos y datos. En su visión, los enfoques diferenciales deben servir para atender desigualdades estructurales sin generar nuevas exclusiones; por eso, dijo, es normal que eventualmente requieran ajustes en su implementación.
Sobre el futuro del Programa Nacional de Estímulos, Puyo no considera que exista evidencia para afirmar que será desmontado. Recordó que las demás modalidades de 2026 ya fueron asignadas y que los derechos culturales hacen parte de los derechos humanos, lo que genera obligaciones específicas por parte del Estado para garantizarlos. El problema inmediato, explicó, es asegurar los recursos para cumplir las obligaciones adquiridas.
La trastienda de esta discusión deja una lección incómoda para cualquier administración: cuando el presupuesto crece, pero la ejecución se queda corta, el margen para sostener programas y pagos se reduce. Y cuando además la planta estatal se expande con rapidez, cada nueva obligación compite con menos dinero disponible para la inversión.
Ese es el desenlace más relevante de esta semana. Más que una pelea semántica sobre si hay o no un desmonte, lo que aparece es la fragilidad de un modelo que depende de presupuestos altos, ejecución efectiva y disciplina administrativa. Para el sector cultural, el riesgo no es solo la controversia pública; es que las promesas del Estado terminen chocando con la caja.
