La escena lo dice todo. Un joven con el rostro cubierto persigue a otro por los pasillos de un edificio universitario, arma cortopunzante en mano, mientras las cámaras de seguridad registran cada movimiento. No ocurrió en una calle de Bogotá ni en un barrio de alta peligrosidad. Ocurrió dentro del campus principal de la Universidad Nacional de Colombia, la institución pública de educación superior más grande del país.
La noche del miércoles 30 de julio, según el testimonio del propio afectado a medios locales, el representante estudiantil Kevin Arregui intentó retirar una pancarta instalada al interior del campus. Lo que siguió fue una persecución y una agresión con armas cortopunzantes. Otros dos estudiantes, cuya identidad no ha sido revelada, también resultaron heridos en los mismos hechos.
Las directivas de la universidad no tardaron en pronunciarse. «Desde la Rectoría y la Vicerrectoría de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia rechazamos los actos de violencia a integrantes de la comunidad universitaria presentados la noche de ayer, que resultaron en lesiones personales», señalaron en un comunicado oficial emitido el viernes 31 de julio. El texto añadió que «ninguna diferencia justifica el uso de la violencia, y este tipo de hechos resulta incompatible con los principios de respeto, convivencia e integridad que orientan el quehacer de nuestra Alma Mater».
Los agresores son identificados dentro de la comunidad universitaria como «encapuchados», sujetos con el rostro tapado cuya presencia en los campus públicos colombianos no es nueva ni excepcional. Las imágenes divulgadas en redes sociales muestran a varios de ellos persiguiendo a Arregui dentro de uno de los edificios del campus bogotano.
Las autoridades de Bogotá trabajan en la investigación para identificar a los responsables. El material de las cámaras de seguridad del edificio donde ocurrió el ataque ya forma parte de los elementos disponibles para ese proceso.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. La Universidad Nacional, fundada en 1867, alberga cerca de 55.000 estudiantes en su campus principal de Bogotá y en más de nueve sedes en ciudades como Medellín, Manizales y Palmira. Es, por tamaño y tradición, el corazón del sistema universitario público colombiano. Que un representante estudiantil sea acuchillado en sus pasillos por intentar retirar una pancarta no es un incidente menor: es un síntoma.
Los detalles cuentan la historia. El blanco no fue elegido al azar. Arregui ejercía una función legítima de representación estudiantil cuando desencadenó la agresión. El mensaje implícito en el ataque es el que suelen enviar quienes operan encapuchados en espacios públicos: la violencia como veto, la intimidación como argumento.
Desde Hemisferio, la lectura es directa. El aparato estatal financia con dinero de los contribuyentes colombianos una institución que, según el propio comunicado de sus directivas, no ha logrado garantizar la integridad física de quienes la integran. La pregunta que las autoridades universitarias y el gobierno de Bogotá deben responder no es solo quiénes son los agresores, sino por qué los «encapuchados» operan con tal impunidad dentro de un recinto que debería ser, por definición, un espacio de debate libre y seguro.
El orden dentro de las universidades públicas no es un lujo ni una concesión ideológica: es la condición mínima para que exista educación real. Cuando un estudiante no puede retirar una pancarta sin arriesgar su vida, lo que se ha perdido no es solo la seguridad física; es la posibilidad misma del disenso pacífico. Esa pérdida tiene un responsable político, y Colombia merece que se lo nombre.
