La escena lo dice todo.
Era la noche del miércoles 29 de julio cuando Kevin Arriguí y un grupo de compañeros intentaban retirar una pancarta instalada cerca del edificio de Ciencias Agrarias, en el campus bogotano de la Universidad Nacional. Un grupo de encapuchados los rodeó. Lo que siguió fue una paliza con golpes, botellas y armas cortopunzantes que dejó a tres estudiantes heridos en el suelo.
Arriguí recibió múltiples puñaladas. Según él mismo declaró, una chaqueta de cuero que llevaba puesta le evitó heridas más graves. Salió del hospital con alta médica y una incapacidad de siete días. Otro de los agredidos deberá permanecer bajo observación médica durante 40 días por la gravedad de sus lesiones. El entorno del representante estudiantil evalúa sacarlo de la ciudad por seguridad, según reportaron varios medios.
La Fiscalía y el CTI acudieron al campus para recoger material probatorio. Existirían videos del ataque incorporados como prueba bajo cadena de custodia.
El blanco no era casual
Arriguí no era un estudiante anónimo. Es una de las voces más visibles de oposición al proceso conocido como la «constituyente universitaria», impulsada para reformar el gobierno de la institución. Esa postura le costó caro mucho antes del miércoles por la noche.
«Yo vengo ejerciendo el liderazgo universitario en la Nacional desde hace varios meses. Pero a quien piensa diferente lo tildan de facho o lo agreden. Dentro de eso, he recibido agresiones violentas, excluyentes y constantes hostigamientos y acoso», dijo Arriguí a El Tiempo.
No eran palabras al vacío. Pancartas y grafitis dentro del campus lo señalaban con ofensas. Había recibido amenazas contra su vida. El informe institucional de la Rectoría, publicado en mayo, ya documentaba su caso junto al de otros estudiantes amenazados, entre ellos Gabriel Alejandro Gutiérrez Franco, blanco de mensajes como «Gabriel Gutiérrez, te estamos buscando, nazi de mierda» pintados en muros de la sede.
Dos semanas antes del apuñalamiento, el 14 de julio, el profesor Diego Torres había hecho público un video en el que se veía a Jaime Salamandra, integrante de Sintraunal, agrediendo a Kevin mientras este lo grababa. Tras el ataque del 29 de julio, Torres confirmó que las personas que agredieron a Arriguí y a los otros dos estudiantes eran «presuntamente miembros de la universidad», y que las agresiones contra Kevin han sido reiteradas «por hacer y denunciar hechos probados».
Entre 2024 y 2026, la Rectoría documentó 25 casos de violencia en las seis sedes universitarias, involucrando a 11 estudiantes, siete docentes y siete trabajadores administrativos, según el informe institucional.
La respuesta institucional y la maniobra sindical
El rector José Ismael Peña Reyes rechazó públicamente los hechos de violencia. Sostuvo que ninguna diferencia justificaba la violencia y que la administración activó protocolos institucionales de atención a las víctimas, resguardo de información y actos urgentes para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables. La vicerrectoría de sede respaldó el comunicado y expresó solidaridad con los afectados y sus familias.
Sintraunal, en cambio, optó por otra lectura. El sindicato envió un comunicado en el que señaló que un grupo de personas con el rostro cubierto había atacado su propaganda sindical esa misma noche, dejando mensajes difamatorios en paredes y pisos. Según su relato, entre los responsables de ese ataque estaría el propio Arriguí, a quien acusaron de portar un arma cortopunzante con la que habría herido a un estudiante que intentó quitarle la capucha. El sindicato enmarca el episodio dentro de lo que describe como una «escalada de prácticas de extrema derecha» dentro de la universidad. Sintraunal pide investigaciones disciplinarias contra quienes atacaron su material, sin referirse a los heridos.
Lo que está en juego
Para Hemisferio, el episodio trasciende la crónica universitaria. Lo que ocurrió en el campus de la Nacional es el retrato en pequeño de un patrón que el petrismo ha alimentado desde el poder: la disidencia intelectual criminalizada, el aparato sindical convertido en herramienta de presión y la violencia física como argumento final contra quien «piensa diferente».
Cuando un representante estudiantil debe evaluar abandonar su ciudad por ejercer su cargo, y cuando el sindicato responde al apuñalamiento no con condena sino con contranarrativa, la universidad pública deja de ser un espacio de debate y se convierte en territorio. Esa es la consecuencia más grave de normalizar la intolerancia como método político, y la pregunta que la administración universitaria —y el país— no puede seguir aplazando.
