La Habana dio un paso inédito este lunes. El Gobierno de Cuba aprobó la importación con carácter comercial para personas naturales, tanto por equipajes de pasajeros como a través de envíos, un mecanismo que hasta ahora estaba vetado y podía terminar en decomiso de mercancías.
La medida quedó oficializada mediante el Decreto-Ley 132/2026 del Consejo de Estado y fue publicada en la Gaceta Oficial. En adelante, los viajeros y receptores de paquetes podrán formalizar ante la Aduana General de la República aquellos productos que, por su cantidad, repetición o naturaleza comercial, superen los límites personales vigentes.
El cambio tiene una condición central: el pago del Impuesto Aduanero y de los servicios de despacho para este nuevo canal deberá hacerse de manera obligatoria en dólares estadounidenses. La escena lo dice todo. El Estado abre una válvula, pero no suelta el control del cobro.
Según la Resolución 197/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios, las autoridades tributarias aplicarán una tarifa arancelaria progresiva para los equipajes de pasajeros que va de 15 % para importaciones de hasta 2.000 USD a 30 % para montos que superen los 6.000 USD. Para las importaciones comerciales tramitadas por envíos, se fijó un arancel único del 30 % sobre el valor asignado.
La nueva regla convive con una exención vigente para la importación sin carácter comercial de alimentos, aseo, medicamentos e insumos médicos que lleguen a la isla como equipaje acompañado de pasajeros. Esa exención fue aprobada en 2021 y prorrogada en el tiempo, y surgió de las limitaciones en las ofertas de alimentos y otros productos de primera necesidad.
Con la regulación de este lunes, el Ejecutivo de La Habana busca encauzar el flujo informal de bienes dentro del marco de 176 reformas económicas aprobadas en junio, que buscan liberar y descentralizar la economía. Para entender el presente hay que volver a esa semana. El giro no llega aislado: se inserta en un paquete más amplio que intenta mover piezas sin perder la dirección política del sistema.
También hay un contexto que pesa sobre cada decisión. Cuba vive una grave crisis estructural desde hace seis años, por motivos internos y externos. Desde enero, la situación se ha agudizado, coincidiendo con el bloqueo petrolero y las sanciones secundarias decretas por Estados Unidos contra el Gobierno de la isla.
Los protagonistas de esta decisión son, en los hechos, los viajeros, los receptores de paquetes y la Aduana. También lo son los contribuyentes y consumidores que dependen de un abastecimiento más fluido. El Estado cubano reconoce, al menos de forma implícita, que el canal informal ya cumplía una función económica que el régimen anterior no lograba ordenar.
Pero el desenlace no es una liberalización plena. La importación comercial para personas naturales entra por la puerta de la formalidad, sí, aunque con una factura en dólares y una carga arancelaria que mantiene el peso de la burocracia sobre cada operación. El mercado aparece, pero bajo vigilancia fiscal.
En términos de libre empresa, el cambio puede leerse como una admisión de realidad. Cuando una economía obliga a formalizar lo que antes prohibía, reconoce que el intercambio de bienes no desaparece por decreto. Solo se desplaza a la trastienda.
La pregunta de fondo es cuánto espacio concederá el aparato estatal a esa actividad y cuánto seguirá capturando en impuestos, permisos y controles. Si la intención es liberar y descentralizar, la coherencia se medirá en la práctica: menos trabas, más oferta y menos costo para quien produce, envía o recibe. Si no, el alivio quedará a medio camino, con la burocracia cobrando su parte en cada paso.
