La madrugada llegó con una toma de posesión y una promesa política clara. Tras la publicación del decreto de expropiación de Cuba 11, en el Centro Histórico, el secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz Santini, aseguró que «las familias que ahí habitaban antes de su desalojo ilegal volverán a sus departamentos como propietarios».
El funcionario afirmó en redes sociales que, desde la primera hora de este día, el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi) tomó posesión del edificio. Según su versión, «ninguna persona física o moral pudo acreditar fehacientemente la propiedad de la vecindad, cuyo legítimo dueño falleció hace varios años».
La escena lo dice todo. Un inmueble disputado, una autoridad que se instala antes del amanecer y un grupo de familias que, tras un desalojo, vuelve al centro de la decisión pública. En esta historia, la propiedad privada no fue un punto de partida intacto, sino el desenlace de un expediente que terminó en expropiación.
La Secretaría de Vivienda explicó en un comunicado que las 17 familias que ocupaban el edificio acreditaron su arraigo vecinal. También recordó que fueron desalojadas en agosto de 2025 y que, desde entonces, mantuvieron un campamento de protesta frente al inmueble para exigir su regreso a sus hogares.
Muñoz Santini dijo que el edificio será rehabilitado con autorización del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal). Añadió que las familias podrán adquirir sus departamentos gracias al crédito de interés social del Programa de Vivienda en Conjunto.
La dependencia local sostuvo además que el INVI suscribió un convenio con las familias para fijar las condiciones de la rehabilitación integral del inmueble. En su comunicado, remarcó que «la expropiación se sustenta en las causas de utilidad pública previstas por la ley y permitirá desarrollar un proyecto de vivienda en beneficio de las familias afectadas».
La Secretaría de Vivienda agregó que la recuperación de Cuba 11 permitirá que las familias que durante un año sostuvieron su demanda frente al inmueble puedan regresar a sus hogares, mientras el edificio será rehabilitado mediante un esquema de vivienda social.
En su cuenta de X, el secretario local escribió que se trata de «un triunfo ciudadano y un paso contra las prácticas del despojo». También difundió un mensaje en el que señaló que el @INVICDMX tomó posesión del edificio ubicado en Cuba 11, Centro Histórico, con el apoyo de la @SSC_CDMX, @SeGobCDMX y @CDMXConsejeria, tras publicarse el decreto de expropiación.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El conflicto no terminó con el desalojo ni con el campamento de protesta; se movió al terreno de la expropiación, donde el Estado capitalino decidió intervenir de manera directa para destrabar una disputa sobre la propiedad y el uso del inmueble.
Los detalles cuentan la historia. En el centro está una vecindad, 17 familias, un desalojo calificado por la autoridad como ilegal y una respuesta pública que recurre al crédito social y a la rehabilitación para convertir el conflicto en proyecto habitacional.
El episodio también revela hasta qué punto la solución depende de la maquinaria gubernamental. No fue el mercado, ni una negociación privada, ni una salida espontánea: fue el aparato estatal el que tomó posesión, validó la expropiación y ofreció el esquema de regreso como propietarios.
Ahí está la lectura de fondo. Cuando la propiedad se vuelve incierta y la autoridad debe entrar para ordenar el conflicto, lo que queda expuesto es la fragilidad de la seguridad jurídica y el costo social de los vacíos legales. Para las familias, el desenlace puede significar un regreso. Para la ciudad, significa que la vivienda vuelve a resolverse desde el poder público y no desde reglas claras que protejan desde el inicio el derecho de todos los involucrados.
La expropiación de Cuba 11 puede presentarse como una victoria para los desalojados, y así lo reivindica la administración capitalina. Pero también recuerda que cada disputa de este tipo tiene un precio: tiempo, incertidumbre y la necesidad de que el Estado repare con recursos, trámites y control una situación que no debió romperse. En el fondo, la discusión es sobre algo más simple y más serio: quién garantiza la propiedad, quién la vulnera y quién termina pagando la cuenta cuando la burocracia entra a corregir el despojo.
