La escena lo dice todo. Un buque de bandera de Vanuatu navega dentro de las 200 millas marinas argentinas con un patrón de movimiento que la Prefectura Naval reconoce de inmediato: velocidad baja, trayectoria errática, el sello inconfundible de una red en el agua. El Hai Xiang 2 no tenía autorización para estar ahí. Tampoco para llevarse ni un kilo del fondo marino argentino.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que la empresa propietaria del buque recibió una sanción de $1.833.000.000, equivalente a un millón de Unidades de Pesca, conforme a la Disposición 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca. Esa normativa fijó los criterios para presumir actividad pesquera ilegal a partir de sistemas electrónicos de seguimiento, lo que permitió actuar sin necesidad de una captura en flagrante.
El caso no es un hecho aislado. Con el Hai Xiang 2, ya son cuatro las embarcaciones extranjeras sancionadas en lo que va de 2026. En todos los procedimientos anteriores, según indicó el organismo, se combinaron el monitoreo de la Prefectura Naval y herramientas de detección electrónica. La tecnología, en este caso, trabaja del lado del Estado argentino.
Los detalles cuentan la historia. La Zona Económica Exclusiva Argentina se extiende hasta las 200 millas marinas desde las líneas de base. Dentro de ese perímetro, el país ejerce derechos soberanos sobre la exploración, explotación, conservación y administración de sus recursos naturales. En torno a ese límite opera habitualmente una cantidad importante de embarcaciones extranjeras: mientras permanecen fuera, están en aguas internacionales; en el momento en que cruzan sin permiso, quedan expuestas a sanciones.
El contexto económico hace que la vigilancia tenga un valor concreto y medible. Entre enero y mayo de 2026, las exportaciones de productos pesqueros argentinos alcanzaron las 291.894,3 toneladas por US$1.005,6 millones, según datos de la propia Secretaría de Agricultura. Frente al mismo período del año anterior, eso representa un aumento del 18,2% en volumen y del 22,9% en divisas. El calamar encabezó las ventas externas con 163.115,7 toneladas por US$451 millones —un crecimiento interanual del 20,2% en volumen y del 20% en valor—, seguido por el langostino con 47.149 toneladas por US$346 millones, con incrementos del 18,8% y del 25,1%, respectivamente.
Un relevamiento de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca), elaborado sobre datos del Indec, calculó para ese mismo período exportaciones por US$1.048 millones y 286.675 toneladas, y señaló que el complejo pesquero representó el 4,5% de las exportaciones argentinas de productos primarios y manufacturas de origen agropecuario entre enero y mayo.
Desde la Secretaría, la medida fue encuadrada dentro de una política oficial de «tolerancia cero» frente a la pesca ilegal, con el objetivo declarado de proteger los recursos marinos y la actividad pesquera nacional.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Lo que está en juego no es solo una multa de cuatro cifras en miles de millones de pesos: es la soberanía sobre recursos naturales que hoy generan más de mil millones de dólares en exportaciones en apenas cinco meses. Cada buque que opera ilegalmente dentro de la ZEEA extrae valor que corresponde a la Argentina, a sus armadores, a sus trabajadores y, en definitiva, a sus contribuyentes. La política de detección electrónica y sanción efectiva es, en ese sentido, una defensa concreta de la propiedad nacional sobre el mar. El desafío, como siempre, es que la multa no quede en papel: que la empresa propietaria del Hai Xiang 2 la pague, y que el cuarto caso sancionado en el año no sea el último.
