Cristina Lombana pasará de la Corte Suprema de Justicia al Gobierno nacional. El presidente Abelardo de la Espriella la nombró secretaria de Transparencia, en un giro que la saca del alto tribunal y la lleva a una oficina clave dentro del Ejecutivo.
La magistrada terminará su periodo en la Corte Suprema y aterrizará en el Gobierno Nacional. No es una figura nueva en los círculos de poder ni en la polémica: su trayectoria incluye paso por el Ejército, trabajo en la Fiscalía y decisiones que la pusieron en el centro de discusiones judiciales y políticas.
Lombana es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Tiene estudios de posgrado en la Universidad Panthéon-París II, la Universidad Nacional, la Escuela Nacional de Administración de Francia y la Universidad Eafit. Empezó sus primeros años de trabajo en la Fiscalía entre 1995 y 1996, cuando el fiscal era Alfonso Valdivieso.
Después tuvo una carrera ligada a la estructura militar. Estuvo en el Ejército, fue juez de Instrucción Penal Militar en Medellín y alcanzó el grado de mayor. Desde septiembre de 2018 es magistrada de la Corte Suprema, tras posesionarse ante el presidente Iván Duque.
En el alto tribunal se le asignó la investigación por presunta manipulación de testigos y fraude procesal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, entonces senador. Pero en 2019 fue apartada del caso por un conflicto de intereses derivado de su doble condición de oficial activa del Ejército y de su relación institucional previa con Uribe como excomandante supremo, cuando él era presidente entre 2002 y 2010.
Ese mismo año, Lombana se retiró definitivamente del Ejército. Durante los exámenes médicos de retiro, según dijo, le descubrieron un cáncer. En entrevista con Semana contó que «fueron momentos muy duros, pero no fue algo que me hubiera impedido continuar con eso».
La escena más ruidosa de su carrera reciente llegó en el choque con Armando Benedetti, primero senador y luego alto funcionario del gobierno de Gustavo Petro. El año pasado, Lombana ordenó el allanamiento de la casa del entonces ministro en el condominio Lagos de Caujaral, en Barranquilla. Ahí también vive el presidente Abelardo de la Espriella.
Las investigaciones contra Benedetti incluyen hechos relacionados con su paso por el Congreso, entre ellos acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito. Según los reportes contables citados en la información, entre 2002 y 2018 habría recibido alrededor de $3.000 millones de pesos que presuntamente no tendrían justificación en su salario como legislador.
También enfrenta señalamientos por supuestos delitos contra los mecanismos de participación democrática, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias. Benedetti decía que la posición de Lombana era sesgada y que existía una persecución personal en su contra.
La relación entre ambos quedó marcada por recusaciones, denuncias cruzadas y fuertes cuestionamientos públicos. En 2023, Benedetti logró apartar a Lombana de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Luego presentó nuevas recusaciones para que fuera separada de otros procesos que llevaba en su contra.
Pero en 2025 se produjo otro punto de quiebre. Por orden de Lombana, se realizó un allanamiento a una propiedad vinculada a Benedetti en Barranquilla dentro de una investigación judicial. El entonces ministro calificó la actuación como arbitraria y la llamó «loca», «demente» y «delincuente».
Frente a esos insultos, Lombana dijo a Caracol Radio que lo relevante no era el agravio personal, sino el impacto institucional de esas palabras viniendo de un alto funcionario del Estado. «Esto no es un agravio personal. Lo relevante aquí es el agravio a la justicia, a la administración de justicia por parte de un alto funcionario como el ministro del Interior», expresó.
Los agravios le valieron a Benedetti una investigación disciplinaria de la Procuraduría. En principio, la entidad pidió el testimonio de Lombana por cuestionario escrito, pero ella rechazó la propuesta y pidió al procurador delegado que escuchara su testimonio sobre el caso.
Para entender el presente hay que volver a esa semana: el Gobierno de De la Espriella no solo incorpora a una magistrada con perfil técnico y paso por el Ejército, sino a una funcionaria con historia propia en uno de los choques más visibles entre justicia y poder político. La escena lo dice todo.
El giro importa porque coloca la Secretaría de Transparencia en manos de una jueza que ha trabajado sobre expedientes sensibles y bajo presión pública. En un país donde la confianza en las instituciones se erosiona con facilidad, el nombramiento será leído como una apuesta por el orden y el control dentro del Estado, pero también como una señal de que las batallas con la burocracia y con viejos protagonistas no quedaron atrás.
