La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra integrantes de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por el presunto delito de prevaricato por acción, en medio del conflicto de competencias con la Fiscalía por el caso que involucra al expresidente Álvaro Uribe.
La investigación preliminar busca establecer si hubo decisiones contrarias a la ley cuando esa comisión pidió trasladar el expediente a su instancia legislativa, una solicitud que la Fiscalía rechazó al sostener que conserva la competencia para adelantar el proceso.
Según las fuentes consultadas, la denuncia fue presentada el 3 de septiembre por el abogado Omar Alberto Franco Becerra. La Corte Suprema inició la actuación para examinar si los hechos denunciados ocurrieron y si podrían constituir un delito.
El centro de la controversia son las investigaciones por las masacres de La Granja, ocurrida en 1996, y El Aro, perpetrada en 1997, además del asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, ocurrido en 1998. Esos expedientes forman parte de la disputa sobre qué autoridad debe seguir con las actuaciones judiciales contra Uribe por hechos ocurridos cuando era gobernador de Antioquia.
La Comisión de Acusación reclamó la competencia al considerar que los expedientes debían tramitarse bajo el fuero especial aplicable a los expresidentes. La Fiscalía, en cambio, rechazó esa pretensión y afirmó que debe conservar la competencia porque los hechos ocurrieron entre 1995 y 1997, durante el periodo en que Uribe se desempeñó como gobernador, no durante su posterior mandato presidencial.
La disputa entre las dos instituciones llegó a la Corte Constitucional, que deberá determinar si las investigaciones permanecen en la jurisdicción ordinaria, a cargo de la Fiscalía, o si corresponde a la Comisión de Acusación asumirlas. Mientras tanto, la Corte Suprema adelanta la indagación previa derivada de la denuncia contra los integrantes de esa comisión.
Las fuentes coinciden en que las dos actuaciones tienen objetos distintos. La Corte Constitucional debe definir qué autoridad investigará al expresidente. La Corte Suprema, por su parte, revisa si se configuró o no un presunto prevaricato por acción por parte de los congresistas señalados.
La escena institucional tiene una carga política evidente. En la Comisión de Acusación quedaron representadas varias fuerzas, con cinco curules para el Pacto Histórico, tres para el Centro Democrático y tres para el Partido Liberal, mientras el Partido Conservador obtuvo dos puestos. La U, Cambio Radical y dos representantes de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz completan la integración.
Entre los nombres mencionados en esa comisión están Gabriel Becerra, del Pacto Histórico; Daniel Briceño, del Centro Democrático; y Juan Loreto Gómez, del Partido Conservador. Pero el dato de fondo no cambia: el Estado vuelve a enredarse en una disputa de competencias mientras un caso de enorme peso institucional sigue sin una ruta definitiva.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Uribe dijo ante la Fiscalía que comparecía con tristeza, pero también por respeto a la Constitución, su familia, sus compatriotas y las instituciones. También negó vínculos con Pablo Escobar y rechazó los señalamientos que lo relacionan con estructuras del narcotráfico y el paramilitarismo.
Ese es el desenlace provisorio de un sistema que no logra ordenar con claridad sus propias competencias. Cuando la política entra al expediente, el costo no lo paga solo un expresidente: lo paga la confianza en que la ley se aplique sin atajos ni interferencias. La pregunta de fondo es quién manda realmente en una investigación de alto voltaje: el marco legal o la presión de la trastienda.
La Corte Suprema, al abrir esta indagación, pone el foco en si hubo o no una actuación contraria a la ley dentro del Congreso. Y aunque la apertura del trámite no equivale a una declaración de responsabilidad penal, sí deja otra señal incómoda para el país: la burocracia institucional puede terminar atrapada en su propia disputa, mientras el caso central sigue sin una definición clara.
