La escena lo dice todo. Una intervención televisiva de Michelle Cottle, columnista del New York Times, bastó para encender una tormenta política y mediática en torno a una demanda civil por una supuesta violación grupal en Cornell University.
Cottle dijo en ABC News el domingo que se trataba de un «desprecio fundamental por las mujeres» y añadió que «podemos ir al presidente por esto». En su relato, la «glorificación de ser matones y pavonearse y maltratar a las mujeres» estaría creando un clima cultural que termina en abusos.
La reacción llegó de inmediato. Fox News recogió críticas de comentaristas, usuarios de X y figuras conservadoras que le reprocharon a Cottle haber puesto la responsabilidad sobre Trump por un hecho que, según la propia nota, ocurrió en 2024, cuando Joe Biden era presidente.
La fuente también señala un dato clave que la discusión pública no puede borrar: una mujer identificada como Jane Doe en expedientes judiciales presentó una demanda civil contra siete hombres a los que acusa de haberla violado en grupo durante un episodio con ketamina y alcohol en Cornell. Los hombres han negado haber actuado mal, algunos dijeron que el sexo fue consentido y otros sostuvieron que no participaron. No se han presentado cargos.
Esa secuencia importa porque separa dos planos que no conviene mezclar. Por un lado, está una acusación grave que sigue su curso en la justicia civil. Por otro, está el reflejo de sectores mediáticos de convertir cualquier hecho incómodo en un juicio contra Trump, aunque el calendario diga otra cosa. Los detalles cuentan la historia.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. La polémica no nació en un vacío: creció sobre una tendencia conocida en la prensa política de Washington, donde muchos protagonistas prefieren el atajo narrativo antes que el dato incómodo. Si el hecho ocurrió bajo otra administración, decir que todo empezó con Trump no es una interpretación audaz; es una licencia retórica.
También queda a la vista una falla de responsabilidad en el espacio público. Cuando un medio grande o uno de sus columnistas empuja una lectura tan amplia sobre un caso todavía no juzgado, la discusión deja de centrarse en la víctima, en la prueba y en el debido proceso, y pasa a girar alrededor de una consigna partidaria. Esa es la trastienda de muchas peleas culturales en Estados Unidos: el impulso de usar tragedias o denuncias para reforzar una narrativa política ya escrita.
No es un debate menor. En una sociedad que dice defender a las mujeres y al mismo tiempo normaliza el espectáculo político, el riesgo es que la conversación termine castigando la evidencia y premiando la propaganda. Cuando eso ocurre, el dinero reputacional lo pagan las instituciones, la confianza pública y, sobre todo, la verdad factual.
La escena lo dice todo: una acusación seria, una universidad bajo escrutinio, una columna que desborda el hecho y un país otra vez atrapado entre la justicia y la tribu. El desenlace de este caso todavía no está escrito, pero la lección ya quedó a la vista: si se quiere preservar el orden y el estado de derecho, no alcanza con indignarse; hay que respetar el calendario, los hechos y los límites de lo que realmente se sabe.
