Cornell University prohibió que las casas de fraternidades organicen fiestas y eventos sociales por el resto del año académico, en una medida que entra en vigor de inmediato y que, según el presidente Michael I. Kotlikoff, busca «fortalecer la seguridad del campus».
La decisión llega después de una fuerte reacción pública por la manera en que la universidad manejó una presunta agresión sexual ocurrida en 2024 y que, el mes pasado, desembocó en una demanda civil presentada por una mujer identificada como Jane Doe contra Cornell, la fraternidad Chi Phi y siete integrantes de ese grupo.
Kotlikoff dijo en una carta dirigida a la comunidad universitaria que las conversaciones con estudiantes, docentes y trabajadores, además de las protestas en el campus, le dejaron «claro» que la institución debe actuar ahora. También expresó que estaba «profundamente arrepentido» por el daño sufrido por Jane Doe en 2024 y dijo que estaba «consternado» de que ese acto de violencia sexual ocurriera dentro de la comunidad Cornell.
La universidad anunció además que permitirá a la Policía del Estado de Nueva York investigar de forma independiente las denuncias de agresión sexual en el campus. Según Cornell, esos agentes, descritos por la BBC como capacitados en trauma, entrevistarán a sobrevivientes que decidan presentar cargos penales y prepararán resúmenes investigativos para la agencia de aplicación de la ley correspondiente.
Kotlikoff advirtió que cualquier fraternidad que viole la nueva regla recibirá una suspensión de emergencia inmediata. Cornell también dijo que habrá una política de «tolerancia cero» para los incumplimientos y que la pausa servirá para revisar a fondo la vida fraternal en la universidad y decidir si puede continuar de manera segura.
Entre las medidas adicionales figuran más personal en la Oficina de Derechos Civiles de Cornell y nuevas iniciativas para «cambiar la cultura social» del campus. La universidad también habló de reforzar la educación y la programación para abordar «el efecto del espectador» y de sumar expertos nacionales en prevención de la violencia sexual, según la BBC.
La escena lo dice todo. El campus que durante años toleró una vida fraternal celebrada por unos y cuestionada por otros ahora intenta contener el costo reputacional y humano de un caso que, según las fuentes, ya provocó protestas estudiantiles, cuestionamientos de autoridades locales y revisión independiente del expediente.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Cornell ya había cerrado Chi Phi en 2024 y había suspendido temporalmente a estudiantes acusados; dos de ellos fueron expulsados más tarde, según Al Jazeera. Pero la presión no cedió, y la universidad terminó moviendo una pieza más dura: prohibir las fiestas de fraternidad mientras intenta demostrar que no volverá a mirar hacia otro lado.
El desenlace importa más allá de un solo campus. Cuando una universidad depende de su propia burocracia para investigar acusaciones graves, la confianza se rompe con facilidad. Que ahora Cornell recurra a la Policía del Estado de Nueva York y a una revisión independiente muestra hasta qué punto el manejo previo quedó en entredicho.
También hay una lección incómoda para cualquier institución que administre riesgo con demasiada cautela y demasiada imagen: la seguridad no se recupera con comunicados, sino con reglas firmes, rendición de cuentas y consecuencias visibles. En este caso, el costo no lo paga solo la reputación universitaria; lo pagan primero las víctimas potenciales, luego los estudiantes y sus familias, y finalmente una comunidad obligada a preguntar si el orden en el campus era real o apenas aparente.
Cornell, por ahora, optó por cerrar la fiesta. Falta ver si puede abrir una cultura de responsabilidad que no dependa de la próxima crisis.
