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Conde-Pumpido presiona al Senado por la renovación pendiente del Constitucional

El presidente del TC pidió a los partidos que «cumplan» la Constitución y desbloqueen la parte de la corte que corresponde al Senado. La renovación sigue pendiente desde diciembre de 2025 y depende, sobre todo, de PP y PSOE.
jueves 1 de octubre de 2026

Cándido Conde-Pumpido puso este jueves el foco sobre la renovación bloqueada de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde hacer al Senado. En un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, pidió a los partidos que se pongan de acuerdo y «cumplan» la Constitución.

La escena lo dice todo. Los cuatro magistrados nombrados por el Senado en 2017, entre ellos el propio Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer, Ricardo Enríquez y José María Macías, siguen en el tribunal de garantías pese a que sus mandatos caducaron en diciembre de 2025. Según la información disponible, la renovación depende fundamentalmente de PP, con mayoría absoluta en el Senado, y de PSOE.

Conde-Pumpido sostuvo que «no puede haber otros intereses políticos de cualquier otra naturaleza que se superpongan al cumplimiento de la Constitución Española», que fija un mandato de nueve años para los miembros del TC. También hizo un llamamiento a «las fuerzas políticas de este país» para que «simplemente cumplan con el mandato constitucional».

Al mismo tiempo, se comprometió a garantizar «el funcionamiento normal y efectivo» del tribunal hasta que llegue la renovación por el Senado, al que señaló como el órgano constitucional que debe realizarla en este momento.

Para entender el presente hay que volver a esa semana. El desenlace no es menor: cuando la renovación de una institución clave queda atrapada en el cálculo partidista, lo que se resiente no es solo el calendario, sino la credibilidad del propio sistema de contrapesos. En términos prácticos, el costo lo paga la arquitectura institucional que debería operar con reglas claras y plazos cumplidos.

Desde la óptica de Hemisferio, el principio en juego es simple: la Constitución no puede convertirse en una sugerencia sujeta a conveniencia política. Si el Senado tiene la llave, debe usarla; si los partidos bloquean el relevo, asumen la responsabilidad ante los ciudadanos. La estabilidad institucional, como el Estado de derecho, depende menos del discurso que del cumplimiento efectivo de las normas.

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